Pilar Rahola ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para analizar la actualidad política y los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el panorama político. Según 'El Confidencial', el Gobierno de Suiza podría haber ayudado a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en su ofensiva contra España, algo que la periodista no ha dudado en mostrar su opinión y decir lo que piensa al respecto.
Rahola ha señalado un 'lawfare' por parte del juez Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que precisamente ha recibido una querella por parte de Podemos por considerar su actuación un "ejemplo de lawfare" (persecución judicial por razones políticas) contra el partido morado con la única intención de "perjudicarles".
Algo de lo que no está muy de acuerdo Javier Chicote, que ha dicho que "ya está bien de políticos que cuando los jueces toman medidas que afectan a los nuestros es 'lawfare' y cuando afectan a los demás son jueces estupendos". Por su parte, Rahola ha señalado que García Castellón ha sido el juez predilecto del PP, pero que últimamente no ha estado muy acertado con sus acciones. Lo que ha hecho es un "'lawfare' de manual. Las circunstancias y los planteamientos son de esa naturaleza".
Y es que Rahola está convencida de que "se ha utilizado la justicia para la persecución política". Es en ese momento cuando Javier Chicote ha contado que a él le hicieron una "jugarreta" dos jueces deleznable: "No os lo imagináis lo que me hicieron. Cuatro años. Una cosa delirante. Y gané en el Supremo. Pero no digo 'lawfare'". Por su parte, Rahola se ha ido encendiendo y ha señalado que "si no está detenido todavía Puigdemont es porque la justicia alemana, italiana y belga no ha dado la razón a la justicia española".
Podemos ha presentado este lunes una querella contra Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, por los presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos, referido a la investigación sobre la financiación irregular de Podemos. Hay que recordar que la Audiencia Nacional ordenó -en marzo de 2022- al juez archivar la causa al entender que se trataba de una investigación "prospectiva" contra Podemos. La querella acusaba a los dos magistrados de investigar "unos delitos realmente inexistentes".