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La presencia de okupas en las ciudades se ha convertido en el infierno de miles de vecinos. En España, los okupas no paran de ganar terreno. Parejas como Ester y José son víctimas de la okupación desde hace meses. Como informa Alicia Alegre en el video, el matrimonio de Tarragona vive en una furgoneta como consecuencia de la presencia de okupas en su vivienda.
Ester y José viven a 150 metros de su chalé en Tarragona. Habitan en condiciones lamentables en un garaje de su propiedad donde tienen una furgoneta. Hace 11 años, tuvieron que mudarse a Canarias y dejaron alquilada su vivienda. Cuando volvieron el año pasado a la península, se encontraron con que los inquilinos no querían devolverles la casa, como cuenta José: “Les avisamos que íbamos a volver y de bastantes malas maneras nos dejaron claro que no nos iban a devolver la casa”.
Los okupas llegaron a insultar y amenazar a la pareja con destrozarles su hogar. A corto plazo, parece que no van a abandonar el chalé del matrimonio: “Su argumento era: ‘¿Dónde voy a ir yo? ¿Cómo voy a encontrar una casa como esta? Sí hombre, a mi piso voy a volver yo’”.
Ester y José tienen a su “hija en la universidad, que no tiene donde vivir”, no tienen trabajo, nada más que la vivienda okupada. José define a los inquilinos como “okupas de guante blanco”, tienen “piso propio” y trabajan para “el Ayuntamiento de Tarragona”.
El año pasado, según el Portal Estadístico de Criminalidad del ministerio del Interior, se registraron 15.289 “hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles”. El caso de Ester y José no es un caso aislado. Actualmente se encuentra en los juzgados, pero no hay vista previa hasta noviembre de 2025.
La lentitud de los juicios por okupación son uno de los mayores problemas en este tipo de sucesos. Después de la enmienda del PNV aprobada por el Congreso el 14 de noviembre gracias al apoyo del PP, Junts, ERX, UPN, CC y Bildu, se modificará el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con la enmienda se pretende modificar los artículos referentes a los delitos de usurpación y allanamiento de morada para que los procesos judiciales se agilicen y los desahucios puedan ordenarse.
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