El Congreso de Perú protagoniza una de las medidas más polémicas de estos últimos años. Como consecuencia de una supuesta trama de proxenetismo y prostitución en el Parlamento, el Congreso ha decidido prohibir el uso de las minifaldas en las instalaciones. En pleno 2025 y con una mujer a la cabeza del país, gran parte de la sociedad tacha esta medida como misógina.
El Congreso de Perú hace frente a una presunta trama de proxenetismo en los pasillos del Parlamento. La solución de los dirigentes del país para terminar de acumular víctimas ha sido prohibir a las mujeres vestir libremente en su jornada laboral. El Congreso ha decidido vetar el uso de las minifaldas. De lo contrario, las trabajadoras serán sancionadas de forma inminente por vestimenta inapropiada.
La medida era notificada a través de un comunicado: “Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 89, literal ‘w’ del Reglamento Interno de Trabajo, está prohibido el uso de prendas no autorizadas, como pantalones jeans, zapatillas, shorts, minifaldas y similares”.
La decisión ha indignado a gran parte del país: “Es seguir manteniendo esta idea misógina de que las mujeres no pueden vestirse de cierta manera porque va a causar una reacción de los hombres”. La norma se asemeja a la tapada limeña de los siglos XVII y XVIII, cuando las mujeres cubrían todo su cuerpo a excepción de uno de los ojos.
El cambio del código de vestimenta ha recibido duras críticas por parte de varios dirigentes políticos. Susel Paredes, diputada del bloque democrático explicaba que “el tema no es cómo se visten las mujeres, el tema es cómo, entre nosotros, entre todos, nos respetamos”. La diputada aclaraba que la medida tomada era la consecuencia de "una investigación de trata de personas dentro del Congreso”.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía de Perú registraba en el Congreso una investigación contra Jorge Torres Saravia, anterior jefe de la Oficina Legal del Congreso del país. Se le investiga por estar detrás de una supuesta red de proxenetismo y prostitución dentro del Parlamento.
Las sospechas comenzaron a mediados de diciembre tras el asesinado de Andrea Vidal, abogada. Vidal y Saravia eran socios hasta que rompieron su relación y la mujer terminó por perder la vida tiroteada por un sicario. Vidal era supuestamente la encargada de contratar prostitutas que se hacían pasar por secretarias y personal administrativo en el Parlamento. Las trabajadoras sexuales eran ofrecidas a los diputados a cambio de votos.
En mitad de la investigación, otra denuncia salpicaba al Congreso. Una mujer de 31 años comunicó a las autoridades haber sido violada por un congresista. El Parlamento se encuentra más en el punto de mira que nunca. Mientras, las trabajadoras tendrán que acatar las órdenes instauradas.
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