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Aumenta el número de países que desaprueban el asalto policial de este sábado a la Embajada de México en Quito para llevarse preso a Jorge Glas, el exvicepresidente ecuatoriano que había pedido asilo político y que estaba refugiado en sede diplomática, según informa Almudena Gómez.
Los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos y el secretario general de la ONU, António Guterres, se encuentran entre quienes advierten de que lo ocurrido supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en 1961 y en vigor desde el 24 de abril de 1964.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento al respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana.
Por otra parte, Alicia Bárcena, ministra de Exteriores de la nación azteca, reitera la condena "por la violación de la inmunidad de su Embajada en Quito y la agresión a su personal".
Con las relaciones rotas entre ambos países, la Embajada mexicana en Quito cierra de forma indefinida y sus 18 trabajadores ya están de vuelta a casa.
Ecuador insiste en justificar la irrupción porque conocía, dice, el riesgo de fuga inminente del país del exvicepresidente Glas. Además, detalla que previamente había solicitado a la Embajada mexicana permiso para detenerle en la sede diplomática por los delitos de malversación de fondos públicos que pesaban contra él.
Jorge Glas, señalan, era huésped de la Embajada sin ser perseguido por razones políticas, religiosas o étnicas. Así lo ha subrayado Gabriela Sommerfeld, ministra ecuatoriana de Exteriores, en una comparecencia pública.
Y entre los ciudadanos de ambos países, incredulidad y criticas. De momento, el exvicepresidente de Ecuador está recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad construida para los presos más peligrosos de la localidad costera de Guayaquil.