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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la querella presentada por el PP contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, el juez no investigará al Partido Socialista porque considera que "se precisa algo más" que una información periodística.
En el auto el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recuerda que "una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal".
Pedraz, que ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que en el caso de la querella del PP ese "algo más" según se sigue de la lectura de lo relatado en la querella no se da, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado.
El magistrado explica que una "denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador", tal y como establece el Tribunal Supremo.
La jurisprudencia, explica Pedraz, "requiere que esas informaciones estén sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada".
Incluso, advierte el juez, "aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción 2 y contradice también a dichos denunciantes".
En el mismo auto, el juez Pedraz admite la personación como acusaciones populares del Partido Popular, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros.
La querella se dirigía contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
El escrito se presentó ante el juzgado que dirige Santiago Pedraz porque se enmarca en las pesquisas secretas que dirige esta sede judicial por un presunto fraude de IVA de más de 182 millones en el sector de los hidrocarburos.
El PP basó su querella en la información publicada el pasado 10 de octubre por 'The Objective', que recoge el testimonio de dos informantes anónimos, uno de los cuales aseguró que llevó 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz en dos entregas que se hicieron con bolsas de plástico en octubre de 2020.
El objetivo último, de acuerdo con estos testimonios, sería que a través de la intermediación de De Aldama con Koldo García la empresa Villafuel consiguiera el título de operador en el sector de hidrocarburos, que finalmente obtuvo.
Para el PP, "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".
No obstante, apuntaba también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el 'caso Koldo' y a la existencia de "un aforado" (Ábalos) que, alegaban, podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.
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