La defensa de Begoña Gómez ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Según explica Isabel Sanz en el vídeo, la mujer de Pedro Sanchez acusa al magistrado de la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.
Según explica Isabel Sanz en Noticias Cuatro la querella se centra en dos delitos: prevaricación y revelación de secretos. Sobre este último, la querella dice que en el periodo en el que la causa contra Begoña Gómez estuvo bajo secreto de sumario, desde mediados de abril hasta finales de mayo, el juez estuvo dando traslado de distintas decisiones a las acusaciones populares que, a su vez, se lo habrían filtrado a determinados medios de comunicación. El problema es que, cuando una causa es secreta, solo el juez y la Fiscalía tienen derecho a conocer las actuaciones, nadie más.
En cuanto a la prevaricación, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, afirma que ha tenido lugar en muchas de las decisiones tomadas por el juez Peinado. Por ejemplo, explica Isabel Sanz, el seguir insistiendo en algunas líneas de investigación pese a los informes de la UCO.
La realidad es que, en las 53 páginas de la querella, Antonio Camacho recoge muchísimos autos y resoluciones del magistrado y habla de este caso como una causa general. El abogado, asegura, que desconoce cuál es la motivación del juez Peinado, si un afán de protagonismo o las ganas de hacer daño política y socialmente al presidente del Gobierno y a su mujer.
Para saber si esta resolución llega a tener recorrido habrá que esperar, afirma Isabel Sanz. La querella de Begoña Gómez tiene más posibilidades de prosperar porque ella sí es parte de la causa, pero hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si la admite a trámite lo que, probablemente, ocurrirá en septiembre.
Esta querella, se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación.