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El juez Peinado ha pasado de darle un ultimátum a Begoña Gómez -mencionando la posibilidad de detenerla- a librarla de acudir a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. El empresario tiene una cita el lunes 15 ante el magistrado como testigo por el caso de la mujer del presidente del Gobierno tras ser acusada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Él estaba citado por videoconferencia porque estaba enfermo, pero ha recibido el alta y tendrá que acudir.
Begoña Gómez se ha librado de asistir a la declaración de su socio. Se lo ha comunicado el magistrado solo unas horas después de amenazarla con una detención si se negaba a estar presente. Esta ha sido la última resolución polémica del juez Juan Carlos Peinado, que desde hace varios meses ha cruzado escritos airados con el abogado de Begoña Gómez. Cuatro veces le ha preguntado su letrado Antonio Camacho por qué la está investigando, los tres restantes en menos de un mes.
El 11 de junio fue la primera, después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación de las cartas de recomendación de Begoña Gómez en favor de Barrabés. En todas sus respuestas, contestaba que investigaba sus comportamientos y actos desde que su marido es presidente del Gobierno, y que están recogidos en la denuncia de 'Manos Limpias'. El juez no ha detallado, lo que le ha servido a la defensa para pedir a la Audiencia Provincial que pare la instrucción, por prospectiva.
Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la causa por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios y alega “que no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal” de la que estima está siendo objeto. Así lo ha solicitado Antonio Camacho en un recurso presentado contra el auto dictado el pasado 2 de julio por Juan Carlos Peinado.
El magistrado ha asegurado que quedaban excluidos de su investigación los hechos relacionados a los contratos adjudicados a la unión temporal de la empresa 'Innova Next' y la 'Escuela de Negocios The Valley' por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea. A juicio de Antonio Camacho, la parte dispositiva del auto recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático.
Antonio Camacho ha mantenido que el auto “no despeja cuáles son los hechos que son investigados en el presente procedimiento que afectan” a Begoña Gómez por lo que estima que “es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución”.
Él ha recordado que la Audiencia señaló en un auto en mayo que “en la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos; otro, sobre al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la vinculación de la denunciada es una conjetura, y un último referido a las ayudas de a la UTE”.
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