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Tras 5 años sin acuerdo, varios intentos y un ultimátum PP y PSOE han llegado a un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para renovar de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial. Según informan Mirentxu Arroqui y Carlota Núñez en el vídeo, Esteban González Pons y Félix Bolaños han escenificado el acuerdo con un apretón de manos, con la comisaria europea de fondo. Ninguno de los negociadores ha escondido la sonrisa durante la firma y tampoco su complicidad en la difícil negociación que, por fin, ha llegado a buen puerto.
Tras firmar el acuerdo, Esteban González Pons ha asegurado que "las buenas noticias todavía existen" y Félix Bolaños ha asegurado que "hasta los desacuerdos más profundos se pueden resolver". Ambos se han mostrado sonrientes y no han escondido su complicidad tras sellar el acuerdo con un apretón de manos. "Dos años negociando son casi el principio de una amistad", decía González Pons. Por su parte, Bolaños ha querido "agradecer el esfuerzo al Partido Popular".
Una sintonía que sin embargo se ha quedado en la mesa porque Bolaños y Pons han comparecido por separado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no ha sabido dar una razón a los medios de comunicación sobre esta rueda de prensa por separado, pero el vicesecretario afirma que es "por si alguien quiere hacernos alguna pregunta un poco más comprometida".
En lo que sí coinciden es en la satisfacción de haber conseguido un buen acuerdo, "hoy es un día importante, un buen día para el estado de derecho en España, ha dicho González Pons. Opinión que ha compartido Bolaños asegurando que "hoy es un gran día para la democracia".
Para el Partido Popular lo bueno del pacto es que refuerza la independencia judicial, "la justicia española es hoy más independiente de lo que lo era ayer y, ni el Gobierno ni ningún grupo político tendrá capacidad para influir en las decisiones que adopte el CGPJ en el futuro". Mientras que los socialistas ponen el foco en que acaba con el bloqueo del PP, "pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional, hemos demostrado que una crisis se puede superar precisamente con el valor del diálogo y de la negociación".
Diferentes perspectivas que se juntan en la satisfacción del acuerdo que incluye renovar el poder judicial inmediatamente, reformar el sistema de elección del consejo y poner coto a las puertas giratorias en la justicia, medidas que se aprobarán en el mes de julio en el Congreso.
Ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". Han acordado, además, nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
El acuerdo incluye un reparto "equilibrado" de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno, y "mayoría reforzada" de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos.
El PP ha indicado que la proposición de ley encarga "a los nuevos integrantes del Consejo la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho en los países miembros".
Además, ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de "participación directa" y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ, ha señalado el Partido Popular.
Asimismo, "ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras", ya que, "todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada" (tres quintos). También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales, han precisado desde el PP.
En virtud del pacto, el Gobierno "no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos".
Asimismo, el acuerdo "implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado". Finalmente, PP y PSOE acuerdan también "cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ", han indicado las mismas fuentes.
Por su parte, el PSOE ha señalado que ese acuerdo "pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años" y "cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea", según ha indicado en un comunicado.
Según el PSOE, desde ahora se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales "se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno", algo que, a su juicio, "mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días".
Según lo pactado, "se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos", han agregado los socialistas.
Además, se encomienda al nuevo Consejo que "elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado". Se trata de una exigencia de los 'populares' estos años de negociación.
El PSOE ha señalado que esta reforma es "buena para la ciudadanía" porque "por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso", al tiempo que es "buena" para jueces y magistrados porque "permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales".
Según el PSOE, este pacto permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan "progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras". Además, ha destacado que "se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años".
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Congreso
-Ángel Arozamena (Magistrado del Tribunal Supremo)
-Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona)
-José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona)
-José María Páez (Juez decano de Málaga)
-José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño)
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Senado
-José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo)
-José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca)
-Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia)
-Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)
-Alejandro Abascal (Audiencia Nacional)
-Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró)
Vocales juristas elegidos por el Congreso
-José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia)
-Inés María Herreros Hernández (Fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales)
-Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria)
-Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional)
Vocales juristas elegidos por el Senado
-Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo)
-Bernardo Fernández (Ex presidente del Consejo Consultivo de Asturias)
-Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo)
-Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes
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