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El juez Ismael Moreno no enviará el caso Koldo a la Fiscalía Europea tras reclamar que querían asumir toda la investigación. Ahora, será el Tribunal Supremo quien tome la decisión final. Viajes personales, un chalet en La Línea que alquiló José Luis Ábalos -quien dijo que era una "víctima"- y el Ministerio como un lugar donde colocar afines son algunos de los nuevos datos de la investigación. Todos estos avances aparecen después de que la Guardia Civil incluyese en el sumario los buzones de correos de varios investigados entre los que destaca Víctor de Aldama.
El Tribunal Supremo será quien decida si la Fiscalía Europa se queda con esta investigación en la que han aparecido más novedades. En los buzones de correos, que se cruzaron los funcionarios y donde aparecen los de Koldo García, aparecen otras documentaciones como las pruebas de ciertos casos donde el Ministerio servía para colocar a personas afines o para repartir cargos.
Ismael Moreno, el juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Koldo, rechaza transferir el caso a la Fiscalía Europea. Así, mueve ficha y lo deja en manos del alto tribunal. El Tribunal Supremo tendrá que decidir qué órgano es el competente para investigar los hechos. Y es que, pese a que los contratos de la trama afectan a los fondos europeos, Fiscalía Anticorrupción sostiene que lo deben investigar porque hay muchos otros delitos en juego que “no perjudican los intereses financieros de la Unión y que no se encuentran indisociablemente vinculados con los delitos”.
Fue el mes pasado cuando la Fiscalía Europea anunció que asumía la totalidad de la causa tras observar que dos contratos se realizaron con los fondos europeos. "Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", dijo en un comunicado.
Tal y como publicó ‘El mundo’, el exministro José Luis Ábalos alquiló un chalet -que pagó durante un mes- que era propiedad de una empresa que tenía contratado a Víctor de Aldama, un empresario investigado en el caso. El Ministerio de Fomento dice que no tienen nada que ver y que es una casualidad. La Guardia Civil será quien determine si tiene una lógica comercial, si está dentro del mercado o puede ser una presunta mordida.
La portavoz socialista, Esther Peña, ha evitado hacer una valoración de la situación al señalar que es “una situación concreta que afecta a un ciudadano en particular: "El Partido Socialista tomó medidas de manera inmediata, por lo que entendimos que era una responsabilidad política".
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