{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El fiscal general del Estado ha intentado poner orden entre sus fiscales al exigir que se aplique la Ley de Amnistía a todos los delitos, incluido el de malversación, pero no lo ha conseguido. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, los cuatro fiscales que se negaron a amnistiar ese delito, el de malversación, se ratifican en su postura y piden ser relevados. Pero antes, piden a García Ortiz que reúna a la Junta de Fiscales de Sala, lo que será el próximo martes. Desde el PP insisten de nuevo en que el fiscal general debe dimitir.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impone su jerarquía y ordena a los fiscales del procés que digan en el Tribunal Supremo que hay que aplicar la amnistía en su totalidad. En un escrito, enviado a todos los fiscales de sala, afirma que la malversación se puede amnistiar porque, aunque hubiera lucro, no hay enriquecimiento personal, que es lo que está excluido en la norma. De hecho, acusa a los fiscales de confundir ambos términos.
La discrepancia entre los fiscales del procés y García Ortiz es total, también en cuanto a las ordenes de detención. Los cuatro fiscales que acusaron por rebelión en el juicio del supremo creen que hay que mantenerlas, el fiscal general opina que hay que levantarlas.
Los fiscales del procés han respondido a la orden del fiscal general del Estado reiterando su oposición a amnistiar la malversación y han invocado que se reúna la Junta de Fiscales. En un escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se reafirman en su informe y, una vez conocida este viernes la postura de García Ortiz, invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la diferencia de criterios se dirima en una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrará el próximo martes.
"A nuestro juicio la orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas", expresa el fiscal Zaragoza en nombre de los cuatro.
También los fiscales insisten a García Ortiz de que si tras la Junta impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado han informado ya de que García Ortiz ha convocado a los fiscales de sala para celebrar esa junta el martes 18 de junio después de que el fiscal Zaragoza haya invocado el artículo 27 del estatuto fiscal al no estar de acuerdo con la orden dada este mismo viernes por el fiscal general.
La bronca por la amnistía en el ministerio público se recrudece, solo 24 horas después, de que la fiscal jefa de Madrid dijera que el fiscal general le ordenó "por imperativo" revelar datos sobre el presunto fraude fiscal de novio de Isabel Díaz Ayuso. Él lo ha reconocido desde el primer momento, pero la declaración de Almudena Lastra en sede judicial le acerca a una posible imputación en el Tribunal Supremo.
Según explica Isabel Sanz en Noticias Cuatro, el fiscal general entiende que la ley de amnistía es una norma como cualquier otra, que hay que leerla y aplicarla, salvo que haya algo que claramente vaya contra las normas. Considera que no es una ley que haya que mirar con lupa para tumbarla. Por su parte, los fiscales del procés, están convencidos de lo suyo, de que la malversación no se puede borrar.
La clave de excluir o no la malversación de la amnistía está, según explica Isabel Sanz, en el enriquecimiento personal, que queda fuera de la ley. Para los fiscales del procés, el uso de fondos públicos para el 1-O y demás es enriquecimiento personal, pero para el fiscal general no, porque entiende que al no meterse dinero en el bolsillo no se enriquecieron.
Esta guerra de fiscales ha llegado también al terreno político y ha provocado un nuevo cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Los socialistas acusan al PP de estar detrás y de desestabilizar las instituciones, pero los populares van más allá y exigen la dimisión del fiscal general del Estado por su actuación al "obligar" a "desvelar datos confidenciales" sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y por optar por el "ordeno y mando" con los fiscales del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de la ley de amnistía.
"La única salida que tiene es la dimisión inmediata, porque ya no cabe mayor desprestigio que los que estamos viviendo", ha declarado Gamarra, quien ha afirmado que "la degeneración institucional del sanchismo está hoy más que nunca representada en la degeneración a la que se está llevando a la Fiscalía General del Estado".
Además, ha hecho referencia a lo que ocurre con la amnistía y "cómo sigue con el ordeno y mando" a "los fiscales del Supremo, dejándoles claro qué es lo que tienen que hacer y decir" en relación con esta ley.
"Pero el ordeno y mando del fiscal general del Estado va mucho más allá de su autoridad jerárquica, es que estamos hablando del ordeno y mando en contra de la propia ley. Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley, sino que tiene que defender el cumplimiento de la misma", ha aseverado.