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El 2023 ha sido un año de récord en migración ya que ha sido el segundo con más llegadas de forma irregular a España (52.945), después del 2018, cuando se registraron 64.298. Además, ha sido el primero en el han arribado mayor número de personas a Canarias (más de 40.200).
Por orden de número de llegadas de forma irregular a España en los últimos años, en primer lugar se encuentra el 2018, con 64.298; le sigue 2023, con 52.945, a falta de los últimos datos, que el Ministerio del Interior publica cada 15 días; 2021, con 41.945; 2020, con 41.861; 2019, con 32.513; 2022, con 30.048; y 2017, con 28.349.
Respecto a Canarias, el archipiélago ha alcanzado este año una cifra récord (37.187 con los datos del Ministerio a 15 de diciembre), ya que ha superado la del año 2006, con la llamada 'crisis de los cayucos', cuando se anotaron 31.678.
Así, han llegado a Canarias un 140,4% más de migrantes (21.721 más) que en los mismos meses del año anterior, cuando llegaron 15.466. Este 2023 han arribado a bordo de 561 embarcaciones, frente a las 344 que se emplearon en el 2022.
Además, en la última semana del año, la presión migratoria se ha intensificado pues, entre el 25 y el 29 de diciembre, han llegado a las costas españolas casi 1.500 migrantes, en su mayoría a las Islas Canarias.
Tras ocho años de negociaciones, finalmente, este 2023 los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
El acuerdo se produjo el pasado 20 de diciembre, tras negociar día y noche hasta sellar las bases de los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.