{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Alberto González, pareja de Ayuso, podría querellarse contra la ministra de Hacienda María Jesús Montero, la Fiscalía y una inspectora de la Agencia Tributaria por un presunto delito de revelación de secretos.
La denuncia vendría porque Montero reveló el pasado martes en los pasillos del Senado datos de Alberto González horas antes de publicarse en la prensa, al parecer, ella habló de ''mascarillas'' cuando la información únicamente revelaba ‘’material sanitario’’
Tras lo ocurrido, Hacienda se ha pronunciado y ha negado que Montero revelase datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso e indican que se trataría de ‘’una conspiración de la presidenta y su entorno para ocultar los hechos’’.
Ahora, ‘El mundo’ ha dado a conocer que fue el fiscal general quien dio orden de difundir la nota con las conversaciones secretas de la Fiscalía con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Para conocer más a fondo lo ocurrido, ‘Todo es mentira’ ha conectado en directo con Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, quien explica todo detalladamente:
‘’En el caso de que sea así ya sabemos quién es el responsable de la nota, creo que queda perfectamente claro (…) Nosotros en el comunicado hemos constatado que esa nota informativa excedía con creces la obligación de informar a la opinión publica y revelaba datos que deberían estar secretos porque no se había alcanzado una conformidad y que perjudicaba gravemente a una persona que estaba siendo investigada o que iba a tener un procedimiento judicial, por lo tanto, afectaba a su derecho a la presunción de inocencia y a su derecho a la defensa, claro que eso lo vulnere el fiscal, lo consideramos especialmente grave’’.
‘’Lo que ha pasado aquí es que por parte de la Fiscalía se pone en publico conocimiento unas conversaciones que tenia un letrado con la Fiscalía y que, si no llegan a buen término, no tiene que tener ningún tipo de repercusión’’, continúa.
El portavoz ha explicado que la Fiscalía tiene como obligación informar a la opinión pública, pero insiste en que ‘’no puede revelar conversaciones que ha mantenido a la hora de llegar a una conformidad’’.