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Fouad es un migrante que lleva tiempo trabajando y cotizando en España. Según informan Nacho Sifre y Clara Marzá en Noticias Cuatro, él y otros muchos se enfrentan a un laberinto legal para conseguir la residencia. Fouad llegó nadando a Ceuta hace tres años, desde entonces ha tratado de encontrar un trabajo estable y una ciudad donde tener una vida. Canarias es la comunidad autónoma que más menores acoge, a pesar del reparto de 2.500 menores migrantes, la mayoría de ellos se juegan su vida para llegar.
El joven migrante comenta: “Yo empiezo mi vida casi tres veces o cuatro veces”. Él probó suerte en Zaragoza y en Soria, “hubo a veces que vivía sin descanso”. Su situación cambió cuando llegó a Valencia, ya que según dice Fouad, su objetivo era “estudiar y trabajar bien”. Una instrucción interna del Ministerio de Extranjería le negó a Fouad el permiso por arraigo laboral, lo que le obligó a dejar su trabajo y verse en situación irregular.
Fouad dice: “(Me dijeron), tenemos que esperar de tres a seis meses. ¿De dónde saco dinero para pagar mis gastos?”. Ante la desesperación de no tener derecho al paro, el joven encontró en la Fundación Amigo un apoyo. Belén Iborra Plaja expresa: “Me parecía super injusto que sacáramos totalmente del sistema a todas esas personas que estaban ya arraigadas.
Miles de jóvenes extranjeros se encuentran en una situación complicada al igual que Faoud. Belén Iborra Plaja asegura: “No es cierto que las ayudas al final sean constantes y diarias”. Fouad considera que se han olvidado de ellos y declara: “Los chicos que están sufriendo o van a sufrir. Lo sufren, no importa”. La red Esenciales, promotora de la iniciativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes, que recabó más de 600.000 firmas de apoyo, calcula que se trata de unas 500.000 personas.
El dato surge de una estimación realizada por la Fundación Por Causa, uno de los impulsores de Esenciales. Las últimas cifras actualizadas revelan que entren 405.000 y 446.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2021, pero los responsables del estudio consideran que este dato está desinflado por la pandemia. Según estas fuentes, en torno al 12% de los migrantes extracomunitarios que viven en España están en situación administrativa irregular.
La Fundación por Causa ha logrado estimar estos datos gracias a una comparación entre las cifras del padrón y los permisos de residencia oficiales. Las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alrededor de 2,9 millones de extranjeros extracomunitarios contaban a finales de 2023 con permiso para residir en España. Los últimos datos del padrón del INE, de enero de 2023, recogen a alrededor de 3,9 millones extranjeros de fuera de la Unión Europea.
Con la prevención de que hay un año de diferencia entre ambas cifras, la comparación de ambas fuentes estadísticas revelaría la existencia de en torno a un millón de extranjeros empadronados en España y sin papeles. Hay otras cifras que pueden influir, como las de las afiliaciones a la Seguridad Social, ya que hay ciudadanos inscritos, pero ya no viven en España; de manera que la cifra bajaría a casi la mitad.
Las entidades sociales que atienden a estos migrantes no cuentan con datos globales, pero dan algunas pistas de la dimensión del fenómeno. Solo Cáritas atendió a unas 500.000 personas en situación irregular en 2022, un 43% más que en 2019. Según los datos de la red Esenciales, el 81% del total del colectivo son personas latinoamericanas, con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños; calculan que en España 112.000 menores de 16 años se encuentran en la irregularidad.
El mecanismo que contempla el Reglamento de Extranjería en España para que una persona migrante pueda regularizar su situación es el arraigo. Se puede conceder porque la persona interesa lleva viviendo en España tres años, porque tiene una relación laboral o ciertos vínculos familiares en el país o, desde el verano de 2022, porque se compromete a realizar una formación reglada para una ocupación específica.
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