Un empresario que discrimine a una persona por su orientación sexual se puede enfrentar a una multa de 150.000 euros y al cierre de su empresa durante tres años. Desde este lunes las empresas de más de 50 trabajadores deben tener un protocolo contra acoso LGTBI. Para evitar casos como el de Niurka, a la que rechazaron en un puesto de trabajo por se transexual.
Niurka sufrió en sus propias carnes la discriminación en el empleo por ser transexual. Recibió una llamada para trabajar como profesora, pero el día que fue a firmar el contrato le comentó a la directora del colegio que no tenía cambiado el nombre en el DNI, la respuesta fue “no sabíamos, ya te llamaremos, por supuesto nunca me llamaron”.
Ahora, ella ofrece asesoramiento a las empresas para que ningún trabajador del colectivo LGTBI sufra una situación similar.
Por eso, hoy es un día especial para ella, un día para la esperanza. Desde ahora, las 30.000 empresas de más de 50 trabajadores que hay en nuestro país deberán tener un protocolo contra el acoso LGTBI.
“Las personas LGTBI que queramos decir en nuestros trabajos que somos lesbianas, trans, bisexuales… podamos hacerlo con libertad y sin sufrir miedo”, ese es el objetivo de esta nueva normativa según explica Toño Abad, responsable Área LGTBI de UGT.
Según datos de este sindicato, el 40% de las personas LGTBI han recibido insultos de sus compañeros de trabajo.
El protocolo deberá incluir medidas para evitar la discriminación y, si se dan casos, la víctima tendrá que saber cómo denunciarlo. Si la empresa no cuenta con el protocolo las multas pueden superar los 200.000 euros.