{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Las protestas de los agricultores españoles muestran la preocupación del sector con temas como la sequía que asola a Andalucía y Cataluña, la agenda 2030 o la competencia desleal con los productos procedentes de Marruecos. Estas reivindicaciones ponen en la mesa un tema que llevan denunciando durante décadas: la pérdida de mano de obra.
Si nos fijamos en los números de las últimas cuatro décadas, se puede destacar cómo se ha pasado de 2,6 millones de personas a 770.700. Es decir, se han perdido casi dos millones de agricultores. Los profesionales del sector se sienten ahogados con las nuevas exigencias como el cuaderno digital, que pretende incorporar fotos geolocalizadas del estado de sus cultivos.
Los principales obstáculos a los que se enfrentan se basan en el relevo generacional y la burocracia. La crisis que atraviesa el sector primario ha provocado la desaparición de más de 4.000 autónomos de sectores que desarrollaban sus negocios en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes en España, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, sostiene que los gobiernos deben dejar de hablar de la España vaciada y poner soluciones a corto y medio plazo que frenen la destrucción de la economía del 80% del territorio nacional. Las comunidades más afectadas son Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se reunirá la semana que viene con el sector agrario para abordar esta cuestión con la migración. “Hemos convocado a las organizaciones agrarias porque hay un problema de mano de obra. Desde el punto de vista de la policita migratoria, espero que podamos hallar puntos de encuentros", señala Saiz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar la ley de la Cadena Alimentaria y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha aplaudido la retirada del proyecto europeo para la regulación de los pesticidas. Así, ha marcado sus primeros objetivos para hacer frente a las protestas del campo: implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas (las conocidas cláusulas espejo), simplificar la Política Agrícola Común (PAC) y facilitar la adaptación a la normativa europea.
El ministro Luis Planas ha admitido que el campo atraviesa “muchos problemas”, por lo que ha apelado al “diálogo, trabajo y compromiso” para trabajar por un sector que sea “rentable y sostenible”. Planas ha calificado como “inteligente y oportuna” que la Comisión Europea haya decidido retirar la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas y ha recordado que el reto es “la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios más nocivos y antibióticos”.