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El Ministerio del Interior negó hace dos años lo que va a ocurrir ahora: rebajar las penas de los presos de ETA. El ministro Fernando Grande-Marlaska envió un correo electrónico -remitido a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo- diciendo que “no existía ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.
Ahora, el Gobierno al que pertenece y que defiende la rebaja de las condenas con una enmienda de Sumar. Este debate, que ha causado una disputa política entre el Gobierno y el Partido Popular, tiene su origen en una directiva comunitaria sobre intercambio de antecedentes penales de presos de la Unión Europea. Tanto el PP como Vox sostienen que no se dieron cuenta de este apartado que aprobaron por unanimidad este año.
"Lo sucedido ayer en el congreso es un error gravísimo por la parte de la oposición, que al menos intenta solventar. Lo que queda claro es como se colabora con el entorno de ETA por parte del Gobierno”, recalca la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió un correo a las fundaciones y asociaciones de las víctimas del terrorismo para decir que no hay una iniciativa para modificar la regulación. Unas palabras que hoy contradicen el argumento del Ejecutivo, desde donde sostienen que seguirán adelante con la reforma que rebajaría la pena de los presos de ETA.
Y todo viene de la directiva comunitaria de intercambio de información de antecedentes penales de presos de la UE. Por ejemplo, si un preso cumple una condena de 15 años en otro país de Europa, como Francia. Si en este país lleva cinco años en la cárcel y lo trasladan a España, no se vuelve a contar desde cero su condena y se da por cumplido esos cinco años.
En este punto, estaban todos de acuerdo pero no se pensó en los presos de ETA. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy se dio cuenta en el Senado que adoptar esa directiva beneficiaría a los etarras que cumplen condena fuera e introdujo una disposición adicional para evitarlo. Apenas 36 palabras que excluyen de ese beneficio las condenas anteriores al 2010. Las defensas de los etarras recurren y esos recursos los ven los jueces, uno de ellos fue Marlaska.
El ministro Marlaska fue quien recibió una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Lo curioso de todo esto, es que defendió que las sentencias de los presos de ETA no se viesen reducidas, mientras ahora se realiza lo contrario. El PP asume el error que el Gobierno dice que no se va a modificar y que se quedará como está. Los populares reprochan que está al servicio de ETA y el Ejecutivo responde que esa organización terrorista ya no existe.
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