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PSOE, Sumar y Bildu sacan adelante una nueva Ley de Seguridad Ciudadana llamada ‘Ley Mordaza’. Así, acabará con el uso de las pelotas de goma, rebajarán la penalización de la desobediencia -que pasará de ser infracción grave a leve- y se modificará la Ley de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente. Los cuatro puntos que hicieron decaer la reforma de la norma en la anterior legislativa, ahora sí han encontrado consenso. Aunque no todo está claro.
Con este acuerdo, se desbloquea la reforma de la norma tras presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación. Estos puntos están relacionados con las faltas de respeto a la autoridad, desobediencia y resistencia, devoluciones en caliente y el uso de material de antidisturbios.
El acuerdo prevé que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que se supriman las pelotas de goma de forma progresiva. Al mismo tiempo, se acabará con las sanciones “injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas” en las faltas de respeto a la autoridad. "Cuando se dialoga con tiempo se consigue una voluntad que antes no existía", afirma la portavoz de EhBildu, Mertxe Aizpurua.
Desde Podemos, los antiguos socios de coalición, no parecen estar en la misma onda. "Es un retoque muy estético", dicen desde el partido. Una postura que no entiende Sumar, actual socio minoritario del Gobierno. "Yo lo que espero es que ninguna fuerza que es de izquierdas haga que caiga esta reforma", sostiene Enrique Santiago, diputado de Sumar. Tampoco está en el bloque del ‘sí’ Junts, que ya votó en contra hace un año. Ahora, avisa que ellos no se adhieren a nada sino que negocian todo.
Desde el Partido Popular, la oposición es total a un acuerdo que dicen que es la última línea roja que le faltaba a Pedro Sánchez por sacarlo adelante. "Solo piensa en asegurar su bienestar y estancia en Moncloa", indica Borja Semper, portavoz del PP. Esta opinión es parecida a la de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien se reunirá mañana con Sánchez en Moncloa. Y en contra también están las asociaciones policiales.
Con este pacto, se considerará infracción leve “los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil coinciden en rechazar la reforma porque creen que desprotege a los agentes y merma el principio de autoridad. El portavoz de Justicia Policial (JUPOL), Ibón Domínguez, ha mostrado su “absoluto rechazo y repulsa” a la modificación de la norma, lo que supone “la pérdida total del principio de autoridad”.
La Unión Federal de Policía (UFP) lamenta “la falta de apoyo y reconocimiento” y la “continua puesta en tela de juicio” de la labor policial. La Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como “el mayor ataque a la operatividad” de los agentes “en toda la democracia”. Todos amenazan ya con movilizaciones.
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