El empresario que pagó a Alvise 100.000 euros creó un paraíso fiscal opaco y para grandes fortunas en el centro de Madrid

Un paraíso fiscal opaco y para grandes fortunas en pleno centro de Madrid, junto a la parada de metro de Lista. Un agujero negro a la vista de todos, eso es lo que el empresario Álvaro Romillo, acusado de liderar una presunta estafa piramidal, creó con ayuda de la tecnología crypto. El sistema, según sus propias palabras, funcionaba de forma opaca y permitía a los usuarios facturar supuestamente servicios empresariales en cualquier paraíso fiscal del globo a espaldas del fisco español. Y todo sin pisar la calle.   

Romillo, que se hacía llamar en las redes Luis CryptoSpain y que ha reconocido ante la Fiscalía el pago de 100.000 euros en metálico para la campaña electoral del eurodiputado Luis “Alvise” Pérez, montó un sistema completamente opaco por medio de la sociedad Sentinel BQ. “Todos nuestros servicios son sin KYC” anunciaba directamente en su web, que todavía está operativa pese al cierre de la compañía. Con esta frase, el empresario hace referencia al conocido sistema Know Your Customer, o lo que es lo mismo, la identificación de clientes y procedencia lícita del dinero que deben cumplir todos los operadores bancarios. 

 Sin embargo, lejos de cumplir con esa normativa aplicable, la empresa hacía gala de todo lo contrario. Y sin necesidad de identificación alguna, los clientes podían acceder al primer escalafón del sistema: el alquiler de una caja fuerte anónima donde guardar joyas, documentación o dinero en efectivo. Según su propia web, el dinero o cualquier otra cosa escondida allí era “no embargable, ya que no te identifica”. Allí hay supuestamente 5.000 cajas de este tipo, que ahora tendrá que investigar la Justicia. Fuentes cercanas al principal investigado mantienen que tanto él como sus colaboradores desconocen la identidad de los propietarios. 

 Un problema judicial 

El segundo escalafón del sistema fue el uso de esas cajas fuertes como sistema para cambiar dinero en efectivo por criptomoneda de forma indetectable y sin necesidad de moverse de casa. Según la legislación española, no es necesaria una identificación para el intercambio entre particulares de este tipo de activos por debajo de 1.000 euros. Lo que hacía Romillo era poner en contacto a unos clientes con otros, entregar efectivo a cambio de criptomonedas y viceversa. Y hacerlo de forma indetectable a cambio de una comisión del 7,99%. La normativa fija una cuantía límite para cada transacción, pero no un límite en la cantidad de transacciones. Se abría así un árbol de intercambios que ahora hace esa madeja todavía más opaca. “No pierdas la oportunidad de usar ese efectivo que tienes desde hoy mismo”, rezaba la web promocional de la empresa. 

El tercer sistema de este paraíso fiscal cibernético levantado desde la calle Maldonado de Madrid se centraba en la posibilidad de que los clientes de la empresa pudieran facturar sus servicios en cualquier parte del planeta, paraísos fiscales incluidos, pese a que el trabajo se realizarse en suelo español. ¿Y cómo lo hacía? con un sistema muy parecido a los reventas, que venden un bolígrafo de segunda mano por un precio disparatado y “regalan” con él una entrada para el evento de moda. Una entrada que la normativa española impide revender.  

En este caso, el sistema de Luis CryptoSpain, que ha iniciado una vía de colaboración con la Fiscalía, cambiaba el bolígrafo por una supuesta “obra de arte” generada con inteligencia artificial. Lo que hacía su cliente era poner en el mercado esa supuesta obra de arte, ponerle un precio, y “regalar” junto con la imagen un servicio determinado. Al ser una obra digital, esa transacción se podía hacer en cualquier jurisdicción del planeta, pese a que el servicio real del pago, ese presunto regalo que acompañaba a la imagen, se hiciera en suelo español. “Por decirlo sencillo... Tú decides dónde se cobra y cómo”. 

Una supuesta empresa en Florida 

Pese a que la empresa en cuestión tenía sus oficinas y sus “5.000 cajas de seguridad” junto al Paseo de la Castellana de Madrid, los términos legales del servicio indican que el negocio pende de una sociedad de nombre BLV Services, Llc, abierta supuestamente en Florida con el número de identificación fiscal local 30-1322604. Sin embargo los datos del registro de compañías en ese estado de EEUU indican que los datos no son correctos. La única sociedad inscrita allí con ese nombre, no tiene la dirección indicada por el investigado ahora por estafa ni fue inscrita con ese número de identificación fiscal. Además entre sus administradores de  control no aparece ninguna de las personas vinculadas con la investigación en España. De hecho, el nombre de esta empresa en EEUU tampoco aparece en el listado de sociedades para las que Romillo ha pedido de forma voluntaria un administrador concursal.   

“Cualquier relación entre el usuario y BLV se regirá e interpretará de acuerdo con la ley estadounidense”, rezaban las condiciones del servicio, en la misma web donde aparecía el siguiente lema: “Lo más caro en esta vida es lo que no vale para nada: El Estado Español”.  

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