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La Ley de Amnistía ha entrado en vigor este martes y los tribunales ya han movido ficha. El Tribunal Supremo se ha apresurado a mantener la orden de búsqueda y captura contra Carles Puigdemont. El TSJ de Cataluña, por su parte, arranca el proceso para amnistiar a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra y a otros 7 implicados en el 1-O. La publicación de la ley en el BOE complica un poco más la formación de Gobierno en Cataluña. Aunque Salvador Illa ha despejado dudas: no se abstendrá para favorecer a Puigdemont.
La polémica Ley de Amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado después de que fuera firmada por el rey Felipe VI. Ahora la pelota está en el tejado de los jueces que tienen dos meses para pronunciarse y aplicarla o no.
Los tribunales ya han comenzado a mover ficha y a dar pistas de lo que puede pasar con la ley. Mientras, queda una pregunta en el aire: ¿ya puede volver Puigdemont a España? ¿ le pueden detener si lo hace? Según informa Isabel Sanz en el vídeo podría ser detenido ya que el juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exconsellers fugados. El magistrado da un plazo cinco días a la Fiscalía y a las defensas para que informen sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen no solo a Puigdemont, sino también a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También les pregunta sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés ha dictado una providencia en la que da traslado también a la Fiscalía, a Vox (como acusación popular) y a las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que presenten alegaciones a la aplicación de la Ley de Amnistía en sus asuntos respectivos.
Así las cosas, se mantienen de momento las penas de inhabilitación que pesan sobre Junqueras, Romeva, Turull y Bassa consecuencia de sus respectivas condenas por malversación y desobediencia.
Además, la magistrada instructora del caso Tsunami Democràtic, Susana Polo, da traslado a las partes personadas para que en 10 días "informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma" a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a Puigdemont y al diputado electo de ERC Rubén Wagensberg".
La publicación de la ley de Amnistía en el BOE complica, aún más si cabe la formación de Gobierno en Cataluña. El socialista, Salvador Illa, ya ha dejado claro que, venga o no Carles Puigdemont a España no van a facilitar su investidura como president.
La primera batalla por la gobernabilidad de Cataluña la ganó este lunes Junts con el apoyo de ERC. La elección de Josep Rull como presidente del Parlament es clave porque el decidirá quién, cómo y cuándo se presenta a la investidura.
De esta manera, Junts podrían acelerar los tiempos y precipitar una investidura de Salvador Illa, lo que dificultaría el acuerdo de los socialistas con ERC y daría tiempo para que se aclare la vuelta de Puigdemont tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Otra opción sería que el líder de Junts sea el primero en presentarse a la investidura, un escenario que, según cree el PSC, podría facilitar un apoyo posterior de Esquerra. "La única posibilidad que yo veo es una mayoría progresista", dice Illa, "integrada por el PSC, Esquerra y los Comuns".
Lo único que está claro es que ERC sigue teniendo la llave para que Illa sea president y, en medio de su crisis interna tras el batacazo electoral tendrán que decidir qué es mejor: un pacto con los socialistas o una repetición electoral.
Los socialistas creen que lo que busca Puigdemont es que se vuelvan a celebrar elecciones porque no le dan los números y ellos en ningún caso le van a apoyar. Salvador Illa se lo ha dicho en varios idiomas: "no me abstendré".
El primer pleno de investidura se tiene que celebrar, como tarde, el próximo 25 de junio y, a partir de ahí, hay dos meses para evitar la vuelta a las urnas.