La banca española sigue batiendo récords con sus beneficios. El último en dar sus datos durante este miércoles ha sido el Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín ha anunciado un beneficio neto atribuido de 12.574 millones de euros en el conjunto de 2024, lo que supone alza del 13,5% respecto al anterior, además de una nueva cifra récord para la entidad por tercer año consecutivo. La entidad se suma a la oleada de beneficios millonarios ya anunciados por BBVA, Caixabak o Unicaja.
Las grandes entidades del sector financiero ganaron casi 30.000 millones de euros el pasado año. Según explica Cristina Montalvo en el vídeo, ya se sabía que se iba a batir un nuevo récord de ganancias ya que, solo hasta otoño, sus beneficios habían superado casi todos los obtenidos en 2023.
Sus ganancias crecen por encima del 10% en todos los casos. Esto se debe a una mejora de los márgenes de intereses y a un aumento de las comisiones. Además, hay que tener en cuenta que el negocio de las entidades más grandes no está solo en España, si no que tienen presencia en muchos países.
Uno de los aspectos que podían moderar el crecimiento de los beneficios es la bajada de los tipos de interés desde verano, pero las entidades lo han conseguido sortear gracias a un crecimiento de la actividad comercial, a la disminución de la morosidad y a que la rentabilidad ha seguido mejorando, aunque dicen los expertos que esta habría tocado su punto más alto a mediados del año pasado. Para este 2025 lo que se espera es que un aumento en la concesión de hipotecas ayude a compensar esos menores márgenes por la bajada de los tipos.
Con lo único que no está contento el sector es con el mantenimiento del impuesto a la banca. Este impuesto extraordinario seguirá, pero con un diseño algo diferente. En principio, tendrá una duración de tres años y, en lugar de aplicar un tipo fijo como lo ha hecho hasta ahora, establece uno progresivo, del 1 al 7% dependiendo del nivel de ingresos de cada entidad. Ese tipo más alto es el que se aplicará a los ingresos a partir de los 5.000 millones de euros y algunas entidades ya han anunciado que lo van a recurrir judicialmente.
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