Los trabajadores extranjeros de las explotaciones agrícolas europeas son esenciales, pero aseguran estar explotados y parecer invisibles para el resto. Según informa Patricia Vallés en Noticias Cuatro, un informe de Oxfam recoge que hay 9,2 millones de personas que trabajan en el sector agrario europeo, de los cuales 2,4 millones de trabajadores son extranjeros (26%).
El informe de Oxfam destaca que existen prácticas abusivas, que son contrarias a la legislación europea y a los derechos humanos. Los motivos que hay detrás son: sueldos que están muy por debajo del salario mínimo, algunos ofrecen 37 euros por una jornada de 10 horas; desigualdades de género, las mujeres cobran menos que los hombres y sufren más abusos; algunos tienen jornadas abusivas de hasta 15 horas; y viven en alojamientos precarios, hacinados en barracones cercanos a los campos.
Esto es lo que sufren los trabajadores extranjeros del campo, que se reparten por toda Europa. En España también viven con estas condiciones precarias. El informe constata que hay una violación sistémica de los derechos de las personas migrantes que trabajan en los nueve países de la Unión Europea que forman parte del estudio, como Francia o España.
Estas personas viven hacinadas en alojamientos marginales que no cuenta con recursos esenciales, como el agua o la electricidad, tienen una mayor dificultad para acceder a los servicios de salud y sufren constantemente lesiones y accidentes. A excepción de Finlandia, en el resto de los países estudiados estas personas reciben salarios inferiores. Las mujeres perciben salarios incluso más bajos y sufren más abusos.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un individuo en Cartagena (Murcia) el pasado mes de marzo por presuntamente captar a ciudadanos extranjeros en situación irregular para la realización de labores agrícolas. Lo hacía suplantando la identidad de otras personas a través de documentación falsificada.
A parte de la detención del presunto cabecilla de la explotación agrícola de La Aparecida, 11 personas fueron detenidas por haber sido captados para trabajar de forma irregular en los terrenos, mediante la suplantación de identidad a otras personas. De manera que los 12 serán juzgados por delitos de falsedad documental y de usurpación de estado civil.
Los agentes de la Policía Nacional descubrieron durante el desarrollo de la investigación un importante fraude a la administración, debido a que la conducta delictiva producía un doble beneficio en los implicados. Por una parte, los trabajadores en situación irregular recibían ingresos por el desarrollo de su labor agrícola. Por otra parte, la persona que cedía su documentación y que permitía ser suplantado, accedía a prestaciones y ayudas por las supuestas jornadas laborales que realizaban.
Durante el operativo que realizó la Policía Nacional, identificaron a 16 personas, de los que 11 estaban en situación irregular en España. También se detuvo a un hombre que tenía una orden judicial nacional vigente de búsqueda y detención por la comisión de otro delito, por lo que pasó a disposición judicial.