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¿Quién recauda los impuestos en nuestro país? ¿Las comunidades autónomas o el Estado? A grandes rasgos, es el Estado el que recauda los impuestos y luego da a las autonomías una parte, excepto en el caso de Navarra y el País Vasco que lo hacen al revés, según la Constitución, ellos recaudan y dan al Estado el llamado cupo. Eso es lo que este martes ha vuelto a pedir Cataluña.
En el año 2012, fue Artur Mas el que pidió a Mariano Rajoy que Cataluña recaudase los impuestos para luego devolver una parte al Estado, lo llamó ‘pacto fiscal’. Mas le planteó una disyuntiva: si no había pacto, habría consulta. Así comenzó el procés en Cataluña.
Luego vino el referéndum del 1 de octubre, las detenciones, la fuga de Carles Puigdemont, la ley de amnistía y la convocatoria oficial de unas nuevas elecciones en Cataluña.
Ahora, 12 años después, Pere Aragonés vuelve a pedir que Cataluña recaude todos los impuestos para después transferir recursos al Estado, con dos conceptos: los servicios e inversiones que haga en Cataluña (similar al cupo vasco) y recursos destinados a un fondo de solidaridad territorial, para no contravenir, dicen, con el principio de solidaridad recogido en la Constitución.
El Gobierno, en principio, no ha dicho que no al cupo, pero la decisión debe consensuarse entre todas las comunidades autónomas. Según nos explica Rebeca Gimeno en Noticias Cuatro, hay margen de negociación, pero no tanto como para acceder a los que propone ERC.
Lo que plantea el Govern es “déjame a mí con mis impuestos que yo lo gestiono todo”, explica Rebeca Gimeno, “en números: ahora gestiona 26.000 millones de euros, lo que quieren supone duplicar esta cifra: 52.000 millones”. Después se hace algún ajuste con el Estado y “se paga el llamado cupo por algunos servicios o políticas del Estado Central en el territorio, como defensa, por ejemplo”.
Además, a diferencia de cupo del País Vasco y Navarra, “Cataluña sí plantea seguir contribuyendo al fondo de solidaridad de financiación entre comunidades autónomas. Lo hacen todas las regiones ricas. Pero sería una cifra a negociar y una décima parte de lo que ganaría en recursos Cataluña con el cambio”.
Las consecuencias de acceder a este cupo serían que el Estado contaría con 26.000 millones menos de presupuesto, lo que, según los expertos debilitaría la cohesión territorial de España, entre otras cosas.