En la peor de la pandemia fueron muchos los políticos y altos cargos que se aprovecharon de su posición para colocarse en las listas de vacunación mientras que cientos de personas vulnerables morían sin ser vacunas y ha llegado el momento de que paguen por sus actos. La primera, Monsterrat Rincón, una exdirigente socialista en Extremadura, que acaba de ser declarada culpable por falsedad documental con una pena de tres años de prisión.
La exdirigente socialista visitó una residencia de ancianos en Badajoz y haciéndose valer de su cargo, se saltó el turno y ese mismo día recibió la vacuna mucho antes de lo que le correspondía. El caso saltó a la prensa y ella dimitió tan solo diez días después, pero alegando motivos personales.
El juez ha establecido que es culpable, tendrá que pagar una multa económica y no podrá volver a ejercer ningún cargo público en los dos próximos años. Según ha explicado Nacho Abad, la exdirigente socialista condenada debería entrar en prisión, pero suponemos que recurrirá la condena de tres años de prisión.
Montserrat Rincón no es la única política cuyo nombre saltó a la prensa por utilizar su poder para recibir con anticipación la vacuna contra el covid en plena pandemia. Uno de los casos más sonados fue el de José Galiano, concejal de sanidad de Orihuela, que se vacunó con la excusa de que sobraban algunos viales. Motivo por el que también fueron vacunados los alcaldes de El Verger y Els Poblet.
Pero no fueron los únicos, el consejero de sanidad de Murcia, Manuel Villegas también le pillaron junto a algunos otros altos cargos vacunándose antes de tiempo, aunque argumentó que era médico. Una argumentación de estar en primera línea que también utilizó el consejero de sanidad de Ceuta y que el propio Gobierno desmintió.