El Mundial de Qatar 2022 ha sido uno de los torneos más polémicos de su historia. Desde la decisión de albergar el torneo allí, hasta el cambio de fecha, pasando por las muertes de obreros y trabajadores en los estadios. Una situación sin resolver de los miles de trabajadores extranjeros que participaron en la construcción de los estadios y las denuncias sobre impagos de salarios, contratos abusivos, aislamiento y condiciones de trabajo lamentables.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW) han denunciado condiciones de semiesclavitud y malos tratos por parte de los empleadores. Situación que habría provocado la muerte de un número de trabajadores aún por determinar y que medios internacionales cifran en cerca de 6.500 personas de los cerca de 30.000 que participaron en el momento de mayor apogeo de las obras.
Un dato que esconde que cerca del 70% de los fallecimientos de trabajadores indios, nepalíes o bangladesíes se produjo por “causas naturales”, al ser catalogadas de este modo las producidas sin causa aparente o una autopsia clarificante, algo que en Catar es una práctica excepcional.
“En lo que respecta a los estadios de la Copa del Mundo, según las cifras del Comité Supremo del Mundial, tres trabajadores murieron trabajando y otros 37 trabajadores (en proyectos) del Comité murieron (de forma no directa). Una de las cosas que nuestro estudio descubrió y recomendó fue que, si bien podemos detectar la cantidad de personas que han muerto a causa de accidentes relacionados con el trabajo, es mucho más difícil determinar cuántas personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Y este es el desafío”, destaca a EFE Max Tuñón, Jefe de la Oficina de Proyectos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Catar.
Hassan Al Thawadi, uno de los máximos responsables de la Copa del Mundo de Qatar 2022, reconoció recientemente en una entrevista con la cadena británica TalkTV la muerte de "entre 400 y 500" obreros emigrantes durante los preparativos para el torneo, pero posteriormente la organización del torneo ha precisado que sólo cerca de 40 corresponden a la construcción de estadios.
Mientras, en su informe, la OIT eleva a 50 los trabajadores que perdieron la vida en 2020, mientras que algo más de 500 resultaron gravemente heridos y otros 37.600 sufrieron lesiones de leves a moderadas, la mayor parte de empleados inmigrantes de Bangladesh, India y Nepal, en caídas de altura u objetos de las obras y accidentes de tráfico como principales causas de lesiones graves.
Polémicas que desde Catar defienden con hechos, como es la implementación en tiempo récord de medidas legislativas como las restricciones para evitar el ‘estrés térmico’ provocado por las altas temperaturas, ampliando en cuatro semanas las horas de trabajo prohibidas en verano (cuando las temperaturas superan los 45 grados) o introduciendo controles sanitarios anuales para los trabajadores.
Además, en marzo de 2021 entró en vigor una ley de salario mínimo no discriminatorio, y 280.000 trabajadores, el 13% de la población activa, vieron incrementado su salario base hasta los 500 dólares al margen de crear una comisión para supervisar su implementación y resultados.
“Lo que podemos decir es que las condiciones de los trabajadores en general han mejorado en los últimos años. Cientos de miles de trabajadores se han beneficiado de las nuevas leyes y políticas que se han introducido, pero también de los nuevos sistemas y mecanismos de protección. Pero no quiere decir que sea perfecta (...) Si echamos la vista atrás y observamos cómo han mejorado las cosas podemos ver que desde 2017 y 2018 cuando llegamos por primera vez al país, hasta ahora, ha habido un progreso realmente enorme en ese país”, detalla Tuñón.
“Hemos avanzado mucho en cuanto a mejorar los cambios legislativos que se han producido en Catar en un período muy corto de tiempo y es algo histórico. No tiene precedentes”, destaca por su parte a EFE Mahmoud Qutub, director Ejecutivo del Departamento de Bienestar de los Trabajadores y Derechos Laborales del Comité Supremo del Mundial.
A pesar de los avances, Amnistía Internacional mantiene que “miles de personas que trabajan en todos los proyectos del Mundial siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia”, según destaca en uno de sus informes previos al inicio del torneo.
Una de las claves negativas de la situación de muchos trabajadores del Mundial ha sido el sistema de patrocinio de explotación laboral conocido como Kafala (una palabra que en árabe significa ‘garantizar’).
El modelo, que se remonta a los años 50 con el auge de la industria energética en el país, en teoría propone garantizar trabajo, vivienda, salario y alimento a los empleados foráneos que generalmente repatrian sus salarios a sus familias en el extranjero, aunque en la práctica es un modelo que ha servido para crear un modelo abusivo de semiesclavitud.
Kafala permitía -hasta su modificación- que los empleadores tuvieran un control sobre sus empleados, retirándoles el pasaporte, controlando sus salarios y, sobre todo, impidiéndoles cambiar de empleo, lo que les dejaba durante el tiempo que durara su contrato al amparo de lo que quisieran hacer con ellos las empresas.
Esto generó una dependencia total del empleado que, además, bajo ese modelo corre el riesgo de ser detenido, ver como le anulaban el visado, ser deportados si la empresa veía irregularidades o simplemente quería castigar a los que se quejaban de sus condiciones.
“En esto está realmente el centro de toda la agenda de reforma laboral en Catar”, apunta Tullón, que remarca que antes de reformar esta ley “un trabajador dependía de su empleador para entrar al país, encontrar un trabajo y salir del país, para lo que incluso necesitaba el permiso de su empleador”. La modificación de los apartados más controvertidos de esta ley en Catar ha permitido que ya no sean necesarios permisos para que los trabajadores puedan abandonar el país y también puedan cambiar de trabajo.
De este modo, según datos de la OIT, entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de agosto de 2022, el ministerio de Trabajo catarí aprobó más de 348.500 solicitudes de cambios de empleo, aunque se trata de un proceso que implica aún muchas dificultades a pesar de limitar en parte la capacidad de la empresas de ejercer explotación.
“Ahora el empleado puede cambiar de trabajo, significa que está en condiciones de negociar mejores condiciones de trabajo y de vida. Y significa que también se insta al empleador a ofrecer mejores condiciones de vida y trabajo, mejores salarios, para atraer y retener a los trabajadores. Por lo tanto, es un punto de inflexión en términos de la situación de los trabajadores”, añade Tuñón.