La ley de la protección de la Infancia contiene “una errata”, según ha reconocido el Ministerio de Derechos Sociales. Establecía dos fechas contradictorias para la prescripción de delitos graves contra los menores, como el matrimonio forzoso o los secuestros. El Gobierno se ha comprometido a corregirlo, aunque al parecer podrían hacerlo a la baja.
Esta norma, conocida como ley Rhodes, establece que la edad a la que comienza a contar la prescripción de estos delitos es a partir de los 18 años, en un párrafo, y a los 35, en otro.
La ley se aprobó en el 2021 y ha sido a partir de la denuncia del activista Miguel Hurtado, Infolibre y otros medios de comunicación cuando el Ejecutivo ha decidido modificarla. “Van a mantener la prescripción del delito a la baja”, ha contado Risto Mejide.
Javier Urra, ex Defensor del Menor y psicólogo forense, ha intervenido en ‘Todo es mentira’ para dar su opinión sobre el tiempo que necesitan las víctimas para recuperarse de estos delitos y ser capaces de denunciar. “Yo creo que hay que ponerse siempre en favor de la víctima. Sin la víctima no hay justicia”, ha comenzado.
El Ministerio ha dicho que es “una errata”, pero Urra no está de acuerdo. Para él se trata de una contradicción: “En las Cortes se hace ideología, pero no se lee las leyes casi nadie. Cuando llega una víctima que ha sido abusada o maltratada, [denunciar] depende del carácter y del entorno, el estrés postraumático cursa de distinta manera”.
El ex Defensor del Menor también ha puesto el foco en que algunas víctimas sienten “culpabilidad por no haber denunciado al principio”: “Hay que dar tiempo para elevar una denuncia con alguien que te ha tenido que querer y defender”.
Javier Urra considera que es necesario “dar tiempo a la víctima” para poner la denuncia: “Ya que ha habido algo más que un error [en la ley], no incidamos en otro error. Es como caer en un pozo y estar horadando hacia abajo”.