El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumba la exigencia del conocimiento del euskera para ejercer como policía local en San Sebastián. La sentencia llega tras estar años en tribunales, causando una gran polémica en el ayuntamiento de la ciudad. Según informa Cristina Tojal en el video, el Ayuntamiento de San Sebastián analizará esta nueva sentencia con el objetivo de valorar hasta qué punto es aplicable.
La anulación del requisito del euskera para formar parte de la bolsa de empleo temporal para las policías locales convocada por la Academia Vasca de Policías y Emergencia de Akaute en 2021, ha desatado la polémica en el ayuntamiento de la ciudad y entre los defensores de la lengua del País Vasco. El tribunal autonómico desestimaba hoy el recurso del Ayuntamiento de San Sebastián tras años sobre la mesa de debate.
El proceso judicial daba comienzo con el recurso de un particular a uno de los requisitos que se exigían en el proceso selectivo para crear una bolsa de interinos de las policías locales del País Vasco. Se trataba de tener un nivel B2 de euskera, una exigencia que según el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria, "no está justificada” y “se ha convertido en un elemento de discriminación hacia una parte importante de la población, los castellanoparlantes, en relación con su derecho de acceso a funciones y cargos públicos”.
La resolución del tribunal autonómico no ha sentado bien a todo el mundo. Jon Insausti, concejal de Euskera, se ha pronunciado al respecto: “La primera valoración que hacemos es que se cimientan sobre una premisa que es falsa, y es que se prioriza el euskera frente al castellano y eso no es cierto”. El concejal estima que el conocimiento del euskera es una forma más de brindar un servicio óptimo: “El ciudadano tiene que ser atendido en euskera cuando así lo solicite y tiene que ser atendido en castellano también cuando así lo solicite. Nuestra función es dar el mejor servicio posible, tanto en euskera como en castellano”
El Ayuntamiento de San Sebastián, tras recurrir a un recurso fallido, ha informado que analizará la sentencia minuciosamente y seguirá luchando por los derechos lingüísticos en todos los puestos de atención al ciudadano.
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