Las famosas cajas de recompensa en los videojuegos se acabaron. Es una de las medidas del anteproyecto de Ley de protección al menor por ser extremadamente adictivas, según informa Marina Pérez. “Te incitan a estar jugando más, viendo cómo tu personaje va evolucionando, te emociona y en cierta parte te da satisfacción”, asegura Yassir Bourjila, gamer.
Estas cajas se basan en un mecanismo aleatorio de premios que ofrece acceso exclusivo a ciertos contenidos a cambio de un pago. “Gracias a esto, hace que seamos mejores y podamos ganar más y más rápido que todos, es lo que crea la adicción”, explica Antoni Brachs, de vídeo Service Digital. De ahí que el Gobierno quiera eliminarlas de los videojuegos. "Las cajas que sí entrarían son las que tienen precio, azar y el objeto virtual es intercambiable por otro o por moneda de curso legal", destaca el director general de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, Mikel Arana.
Yassir Bourjila juega a videojuegos desde los 14 años. Se pasa horas pasando pantallas para conseguir cajas de recompensa que funcionan de forma similar a los juegos de azar. El 20% de los casos de ludopatía empiezan así. “Esa recompensa es aleatoria, con lo cual, hemos puesto un dinero por comprar algo en lo que no ha salido lo que esperábamos. Estábamos permitiendo juegos de apuesta en menores de edad”, añade Susana Jiménez, jefa de Servicio de Psicología. El nuevo anteproyecto de Ley de protección del menor incluye un veto a estos mecanismos para menores.
Se trata de una medida incluida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, para "incidir en los riesgos y en el impacto negativo que tienen estas cajas botín para las personas que juegan a videojuegos, especialmente las más jóvenes". Las empresas de videojuegos tendrán que adaptarse para garantizar su cumplimiento. “Nosotros no usamos bolsas de recompensa porque es un límite ético. Si tú compras, tienes que saber lo que estás adquiriendo”, afirma Ferran Pérez, cofundador de ‘RollDbox Games’. Las compañías que no lo cumplan se enfrentarán a sanciones y tendrán que reforzar la verificación de la edad.