Crisis penitenciaria en Reino Unido: centenares de juicios son aplazados por la falta de furgones policiales
Más de cien juicios han sido aplazados por la escasez de transporte penitenciario para trasladar a los acusados
Jueces y abogados se muestran indignados por la falta de respeto y el coste que conlleva estos aplazamientos
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Reino Unido y el gobierno de Keir Stamer, primer ministro del país desde las elecciones generales celebradas en julio, se enfrentan a una de las peores crisis judiciales de su historia. La falta de furgones policiales para trasladar a los acusados a los tribunales correspondientes ha provocado el aplazamiento de centenares de juicios en el país. Como informa Daniel Postico en el video, numerosos jueces y abogados se han mostrado realmente indignados ante esta situación.
La escasez de furgonetas para transportar a los acusados se ha convertido en un grave problema que preocupa a las víctimas, jueces y abogados en el archipiélago británico. Las empresas contratadas para para los servicios de escolta y custodia de prisioneros en Reino Unido, GeoAmey y Serco, se han pronunciado al respecto.
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Según GeoAmey y Serco, faltan conductores nacionales para el trasporte penitenciario
Según ambas compañías, el origen del problema es la escasez de conductores nacionales para transportar a los acusados, especialmente en Londres. Tal y como recoge el diario The Guardian, los trasportistas aseguran que cada vez se enfrentan a desafíos mayores que se escapan de su control.
Miles de acusados se encuentran en prisiones preventivas lejos de sus tribunales correspondientes por falta de espacio en otras cárceles, incentivando aún más la necesidad de escolta penitenciaria. Más de 17.000 personas se encontraban en junio esperando un juicio en prisión preventiva, una cifra que se ha multiplicado desde la pandemia en Reino Unido.
Jueces y abogados manifiestan su indignación
Un total de 207 juicios fueron declarados como ineficaces en 2023, ya que los servicios de trasporte penitenciario no presentaron a los acusados a tiempo. Esto supuso un aumento del 44% respecto al año anterior. Numerosos jueces y abogados ya han expresado su preocupación y su indignación ante tales circunstancias por la falta de respeto que supone para las víctimas y el gran coste que conlleva el aplazamiento de más de cien juicios en el país.
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