La cara oculta de los Juegos Olímpicos de París: desalojan a casi 500 okupas de una vivienda
Los propios medios locales muestran cómo la Policía desaloja los campamentos de migrantes y personas sin hogar
Las organizaciones advierten que los migrantes y las personas sin hogar son las más perjudicadas de los JJOO
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no quiere okupas ni personas sin hogar en las calles. Es la advertencia que hacen las ONG del país sobre la cara oculta de los Juegos Olímpicos, que tendrán su propia medalla personalizada. Todavía quedan 99 días, pero la Policía ha desalojado puerta por puerta un edificio donde había casi 500 okupas de forma ilegal, según informa en el vídeo Laia Flores.
Las organizaciones advierten que los migrantes y las personas sin hogar son las más perjudicadas de los JJOO. El Gobierno lo niega, pero en los últimos meses se han acelerado estas prácticas. El mayor desalojo hasta ahora se ha producido en un edificio de oficinas en el que había 450 personas.
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Los migrantes y las personas sin hogar, en el punto de mira del Gobierno francés
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos en Madrid ha comenzado y Francia se prepara para ello. Así lo dicen las ONG que denuncian una “limpieza social” para esconder la pobreza en verano, cuando se espera que más de 15 millones de personas acudan al evento.
El Gobierno lo niega, aunque en los últimos meses se han incrementado estas prácticas. Los propios medios locales muestran cómo la Policía desaloja los campamentos de migrantes y personas sin hogar plantados debajo de los puentes del Sena. Las organizaciones alertan que llevan a estas personas a zonas muy alejadas como el sur de Francia.
Muchos son migrantes en situación regular y con trabajo
“París acogerá a 15 millones de personas de todo el mundo. Las fronteras se abrirán para ellos pero permanecerán cerradas para los que huyen de las guerras y las situaciones miserables”, sostiene Antoine De Clerck, portavoz de ‘Le Revers de la Medaille’.
Hasta ahora, el mayor desalojo se ha producido en un edificio de oficinas en el que había 450 personas. Muchos de ellos son migrantes en situación regular y con contrato de trabajo. Para ellos es imposible acceder a una vivienda por su elevado precio o los prejuicios a la hora de alquilárselas.