Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, comparece en su tercera cita en los juzgados por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Según informa Isabel Sanz, esta investigación -paralela a sus presuntos delitos fiscales- está basada en sus negocios con el grupo Quirón.

González Amador defiende que en sus negocios no había mordidas ni sociedades pantalla. La jueza quería saber por qué pagó 500.000 euros a la mujer de un directivo de Quirón Prevención. La respuesta de la pareja de la presidenta madrileña es que tenía una importante red de distribución que le hacía muy valiosa.

Alberto González Amador documenta con “total transparencia” los ingresos obtenidos de Quirón Prevención. El novio de Ayuso niega su ocultación a través de una supuesta sociedad pantalla para evitar la tributación a Hacienda. En su declaración, que ha durado dos horas y media, ha señalado que la inspección fiscal de Hacienda jamás pidió los contratos de distribución de la empresa ‘Círculo de Belleza’, adquirida por medio millón de euros a la mujer de un directivo de Quirón Prevención.

González Amador ha contestado a las preguntas de la jueza, a sus letrados y al fiscal, negándose a responder a las preguntas de las acusaciones populares por consejo de sus letrados. A su salida del juicio, ha salido satisfecho porque, según él, ha podido documentar todo con pruebas. La defensa ha solicitado la expulsión del PSOE y Más Madrid del procedimiento judicial.

El novio de Ayuso compareció el pasado 24 de febrero como investigado por los supuestos delitos fiscales pero se acogió a su derecho a no declarar hasta que este recurso se resolviese. Los magistrados estimaban que en el presente "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".

"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", destacaron los jueces. La magistrada acordó abrir una investigación a parte por el supuesto uso de una sociedad pantalla con el fin de ocultar unos ingresos del Grupo Quirón. La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal" o un delito de corrupción en los negocios e incluso ambas.

La acusación entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC. Como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".

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