Por primera vez, un fiscal general del Estado declara como investigado. Álvaro García Ortiz ha estado poco más de una hora ante el juez del Tribunal Supremo para responder por el caso de la filtración de los correos del novio de Isabel Diaz Ayuso. Según informan Isabel Sanz y Carlota Núñez en el vídeo, el fiscal general sólo ha contestado a las preguntas de su abogado y lo ha negado todo. García Ortiz no ha contestado al juez porque considera que no está teniendo una instrucción justa y le ha dicho al magistrado, Ángel Hurtado, que no iba a responder sus preguntas porque no está trabajando con hipótesis, si no con una certeza de que él es culpable.

El fiscal general del Estado ha llegado en coche, saludando a la prensa, al Tribunal Supremo para declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Una situación sin precedentes, derivada de otra investigación, en este caso de Hacienda, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El 12 de marzo de 2024, eldiario.es publica que se investiga al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal. Al día siguiente, 13 de marzo a mediodía, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no es verdad y que es hacienda la que debe dinero a su pareja.

TOT

Esa misma noche, su jefe de gabinete. Miguel Ángel Rodríguez, filtra a El Mundo una carta del fiscal a cargo del caso en la que afirman que se puede llegar a un acuerdo, refutando lo que por la mañana había dicho la presidenta madrileña.

Ahora, el Tribunal Supremo investiga lo que pasa después de esa publicación. La misma noche del día 13 de marzo, varios medios replican la información de El Mundo, pero dicen que es incompleta porque falta una carta anterior en la que el abogado del novio de Ayuso propone el acuerdo y reconoce dos delitos fiscales.

A partir de ahí, el juez del Tribunal Supremo apunta al fiscal general como filtrador. Los indicios que se manejan son conversaciones de esa noche del 13 de marzo, con otros fiscales y el borrado y el cambio de su teléfono móvil, en el que la UCO no encontró absolutamente nada.

Ahora, Álvaro García Ortiz, ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos haber filtrado los correos relativos a Alberto González Amador. El jefe del Ministerio Público ha asegurado a preguntas de su defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. También ha negado haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo.

De igual forma, ha manifestado que no tiene constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid, ni que se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar la conformidad por ser pareja de Díaz Ayuso.

García Ortiz ha accedido solo a contestar a su abogado y a la Fiscalía, que no ha hecho preguntas porque aún no se ha resuelto sobre la nulidad o no del registro en el despacho del fiscal general. No ha respondido ni al juez ni las acusaciones. Ha declarado durante una hora y veinticinco minutos, sentado en el estrado, al lado de su defensa, y no desde el banco en el que habitualmente declaran los citados.

García Ortiz no ha contestado a las preguntas de la defensa de González Amador al considerar que omitió en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hechos relevantes para la investigación. En concreto, ha hecho referencia al hecho de éste enviara al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo cuya filtración se investiga ahora en el Supremo.

Durante su declaración, el fiscal general ha asegurado que la investigación que dirige el magistrado Ángel Hurtado vulnera su derecho de defensa porque el registro realizado en su despacho el 30 de octubre fue invasivo y porque se ha negado a realizar diligencias que ha pedido su abogado para defenderle.

García Ortiz ha manifestado que cree que el magistrado instructor basa su investigación en una "certeza" que "le impide descubrir la verdad".

En el marco de la declaración, García Ortiz ha explicado que desde que está en la Fiscalía General del Estado ha cambiado seis veces de móvil. También ha indicado que, por razones de seguridad, y por ser una obligación legal, borra habitualmente el contenido de su teléfono, ya que afecta información "sensible" de causas penales.

El Gobierno sigue respaldando la actuación del fiscal general, aunque el ministro de Justicia reconoce que "todos los escenarios están abiertos". Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, afirma que "estamos viendo que, a día de hoy, está compareciendo el fiscal, el que trasladó una nota de prensa para detener un bulo y el presunto señor que ha cometido este delito fiscal ya le han dado cuatro prórrogas, es decir, sigue sin declarar. Tengo la sensación de estar en un escenario paranormal".

Mientras, el PP insiste en la dimisión de García Ortiz. "El fiscal general del Estado lo que hace es perseguir los delitos", afirma Cuca Gamarra, secretaria general del PP, "no actuar como un fiscal general del Gobierno, que tiene que rendir cuentas ante la justicia ante una presunta comisión de delitos por él mismo. Debería de haber dimitido hace mucho tiempo".

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