El recorrido de la querella del novio de Ayuso a Pedro Sánchez: "González Amador no es un delincuente confeso"
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El presidente del Gobierno no se ha presentado a la conciliación que tenía con la pareja de Isabel Díaz Ayuso a causa de sus duras declaraciones el pasado 17 de octubre, en las que se refirió a él como “delincuente confeso”. ¿Por qué no ha acudido a la cita? ¿Tendrá que pagar los 100.000 que pide Alberto González Amador? Joaquim Bosch, magistrado y colaborador habitual del programa, conecta en directo en ‘Todo es mentira’ para responder todas las incógnitas de este caso.
Es posible que el presidente del Gobierno no tuviese intención en negociar con la pareja de Ayuso, o eso es lo que explica el magistrado al programa de Risto Mejide: “Normalmente el que va es porque tiene algún tipo de interés en alcanzar algún acuerdo, pero si no hay el propósito lo habitual es que no se vaya”. Aunque también es cierto que “a la mayoría de los actos de conciliación no acude la parte que ha sido demandada”.
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La libertad de expresión ampara a Sánchez
La pareja de Ayuso sigue protegida por la presunción de inocencia pues no ha declarado ni ha sido condenado. Por lo tanto, “el señor Amador no es un delincuente confeso” desde la perspectiva jurídica, según Joaquim Bosch. Sin embargo, Pedro Sánchez podría librarse de pagar los 100.000 euros que pide González Amador.
“Que jurídicamente no sea exactamente correcto utilizar el término no significa que en el debate público no pueda ser utilizado calificativos de este tipo siempre que haya, según la jurisprudencia, haya algún tipo de base fáctica”, explica el magistrado. Por esta razón tanto periodistas, como políticos o usuarios de redes sociales utilizan estos términos, aunque no exista una sentencia condenatoria.
De hecho, “la libertad de expresión, según la jurisprudencia, ampararía ese tipo de valoraciones” pues podrían utilizar como base fáctica las declaraciones del abogado de la pareja de Ayuso, quien admitió la culpabilidad de González Amador buscando un acuerdo. “Pueden ser descalificativas, pero en un debate público tiene más protección”, señala.
