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Hace casi año y medio que entró en vigor la reforma de la Ley de Aborto y una de las exigencias de la norma es la creación de ese registro de objetores. Según informa Lorelei Esteban en el vídeo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento presentará en los próximos días a las CCAA un borrador de protocolo para el registro de personas objetoras en las interrupciones voluntarias del embarazo y así "poder garantizar el derecho al aborto".
Los objetores de conciencia son especialistas que se niegan a cumplir una orden, en este caso practicar el aborto. Lo que se pretende con este registro es garantizar que no todos los especialistas que hay en la pública se acojan a ser objetor de conciencia para que siempre haya equipo disponible para practicar un aborto si una mujer lo requiere.
Según ha explicado la propia ministra de Sanidad, "en los próximos días tendremos el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras en las interrupciones voluntarias del embarazo, para que ninguna comunidad, región y ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad pública", ha señalado García durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
En este sentido, la ministra ha indicado que el objetivo de su departamento es "cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del Embarazo", al tiempo que ha afirmado que este borrador se presentará ante las comunidades autónomas, con las que ha asegurado que trabajarán durante las próximas fechas para que vea la luz.
Así, García ha recordado que el pasado 28 de septiembre se celebró el Día del Aborto Seguro "en un momento en el que vemos muchas voces quieren retrotraer a tiempos pretéritos". "Nuevamente la lucha política se da sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las decisiones de las mujeres, sobre la vida de las mujeres, pues nosotros queremos volver a reivindicar efectivamente el aborto libre y seguro como un derecho fundamental de las mujeres que ya hemos conquistado, que ya conquistamos hace mucho tiempo", ha recalcado la ministra.
La clave está en que el aborto es una prestación pública pero todavía hay mujeres que tienen que pagarlo de su bolsillo. Esto sucede porque hay comunidades autónomas en las que todos los especialistas de la sanidad pública son objetores de conciencia, como por ejemplo Castilla La-Mancha. Allí no existen centros públicos en los que se realicen interrupciones de embarazo, por lo que tienen que hacerlo en la sanidad privada e, incluso, derivadas a otras comunidades.
Se da la circunstancia de que más del 80% de los abortos en 2023 se han realizado en centros privados, de lo que se deduce que hay más comunidades en las que no se están practicando en la sanidad pública. Esto implica que los costes de los abortos son asumidos por las propias mujeres.
Dependiendo de la semana de gestación, del territorio y del tipo de procedimiento que se utilice, un aborto puede costar entre 300 y 700 euros. Un dinero que no deberían de asumir las mujeres porque la Sanidad Pública lo financia.
Durante su viaja a Bélgica y Luxemburgo, el Papa Francisco se ha pronunciado sobre el aborto y ha sido contundente: "Las mujeres tienen derecho a la vida, a su vida y a la vida de los hijos. Un aborto es un homicidio. La ciencia dice que al mes de la concepción están todos los órganos. Se mata a un ser humano y los médicos que se prestan a esto, permitidme la palabra, son sicarios. Y esto no se puede discutir esto. Se mata una vida humana".
En cualquier caso, ha querido puntualizar que sus palabras se refieren al aborto y no a los métodos anticonceptivos.
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