Este lunes era el día en el que Carles Puigdemont podría volver a España en aplicación de la ley de Amnistía, pero el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo se lo impide, al rechazar perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat y mantener su orden nacional de detención. Según explica Isabel Sanz en el vídeo, los magistrados que juzgaron el procés en el Supremo han rechazado también amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. La decisión ha desatado un terremoto político y Puigdemont ha acusado de mafia a la justicia española: “la toga nostra”.

Así las cosas, la decisión de la Sala de lo Penal y del instructor de no amnistiar la malversación afecta directamente además de a Puigdemont, a Junqueras y los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes mantiene las condenas de inhabilitación; y a los exconsejeros huidos y procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, a quienes mantiene las órdenes nacionales de detención que pesan en su contra.

Esta medida no afecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que solo está procesada por el delito de desobediencia. En su caso, el juez Llarena ha acordado levantar su orden nacional de detención al ver amnistiable su conducta, pero ha dado 10 días a las partes para que presenten sus alegaciones sobre si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del procés.

Con todo, el Supremo ha descartado acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al entender que la propia ley de amnistía fija que se debe "excluir de todo perdón los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión y que gozan de la reforzada protección dispensada a este bien jurídico".

Así consta en los dos autos dictados en los que ni la Sala de lo Penal ni el juez Llarena han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.

Según explica Isabel Sanz en Noticias Cuatro, los jueces del Tribunal Supremo están convencidos de que hubo enriquecimiento personal en el procés. Entienden que, aunque no se metieron dinero en el bolsillo, pagaron con fondos públicos algo que les interesaba a ellos personalmente y que deberían haber pagado con su propio dinero. Por lo tanto consideran que al no pagarlo, se lo ahorraron y se enriquecieron.

Con el enriquecimiento personal está lo que ya ocurrió con el ánimo de lucro. Los jueces dijeron que no hacía falta meterse dinero en el bolsillo para que se considerara que había ánimo de lucro, por lo que la ley de amnistía evitó ese término para intentar salvar el escollo, algo que parece que no ha funcionado.

A partir de ahora, lo políticos afectados por esta decisión del Tribunal Supremo pueden recurrir al Tribunal Constitucional, pero todos tienen que agotar todas las vías posibles. Oriol Junqueras y los otros cuatro condenados por malversación tienen dos recursos ante la sala que les juzgó. En el caso de Carles Puigdemont, su recurso es ante el juez Llarena y ante la sala de apelación, con otros jueces. Solo después, pueden acudir al Tribunal Constitucional. Está por ver lo que ocurre ahí, pero ahora mismo, pocos miembros de la judicatura tienen duda de que les amparará y de que así conseguirán la amnistía.

Lo que está claro es que este proceso llevará su tiempo, ya que, primero hay que presentar los recursos, tramitarlos, esperar respuestas y respuestas a las respuestas. 

Esta decisión ha desatado un terremoto político y la reacción de Carles Puigdemont no se ha hecho esperar. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha comparado al Tribunal Supremo con la mafia. En un post en la red social X se ha referido a la justicia española como "la Toga Nostra", ha dicho.

ERC ha anunciado que presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo al TS ante la resolución del tribunal. En un comunicado, los republicanos han tildado de muy grave el posicionamiento que ha hecho público el TS, y han asegurado que es un "intento claro de saltarse la ley de amnistía".

La vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, ha valorado que lo que está haciendo el TS "ya no es reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente".

También ha calificado de insultante que el TS "reinterprete la ley como quiera" al ser un tribunal que, según remarca, marca la jurisprudencia para toda la justicia española.

Desde el PSOE han mostrado también su discrepancia con los argumentos del Tribunal Supremo y le acusan de hacer valoraciones políticas "sorprendentes e innecesarias".

"No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", se quejan los socialistas.

Sobre el contenido de las resoluciones, recuerdan el artículo 1.4 de la ley de amnistía que a su juicio resulta "clarísimo": "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

El PSOE subraya además que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE.

Además, señalan que tienen absoluta confianza en el Estado de derecho de España, que tiene un sistema garantista en el que se aplican las leyes "democráticamente aprobadas" en las Cortes Generales. En este sentido recuerdan que hay otros tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña que ya ha aplicado la amnistía.

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