La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha solicitado la amnistía para los 12 acusados de terrorismo en el procés. Se basan en que, aunque tuvieran explosivos y planearan ataques, no llegaron a hacerlo, así que nunca vulneraron los derechos humanos que les dejarían fuera de este proceso. El Gobierno y los independentistas negociaron perdonar 354 causas tras la aprobación de la norma.

La acusación popular ha sido la única que ha rechazado que se borren los delitos y se han llevado la reprimenda del juez por cuestionar la ley. Así, pasan de enfrentarse a una petición de 27 años de cárcel de la Fiscalía por terrorismo a escuchar la petición del ministerio público en la que piden amnistiarlos.

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo por planear supuestamente acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019. El ministerio público ha apoyado la petición de las defensas para que se decrete el archivo de la causa.

Marta Durántez, la teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia, ha defendido que la interpretación de la ley “no ofrece género de dudas, es clara” y ha pedido que “se declare extinguida la responsabilidad penal”. La norma plantea como excepción a la amnistía todos los actos que hayan causado, de forma intencionada, graves violaciones de derechos humanos regulados en los artículos dos y tres de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario como muerte o torturas.

En el escrito de la acusación del año pasado, el fiscal atribuyó, a los implicados pertenecer a una facción radicalizada de los CDR, de emplear la violencia y llevar a cabo acciones contundentes como cortes de carretera o sabotajes contra edificios públicos entre 2018 y 2019 para conseguir “la independencia”. Así, se les acusó de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos exclusivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Ahora, la Fiscalía ha advertido que “no podemos partir de suposiciones y del potencial daño que se pudiera haber causado, sino de certezas”.

La acusación popular -que ejerce la Asociación Catalana de Víctima de Organizaciones Terroristas (ACVOT), representada por Fuster-Fabra Abogados- ha discrepado tras considerar que la norma “no es aplicable a este caso” y que los indultos generales están prohibidos en la norma. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha insistido en que se centrase en si es aplicable al caso: “Está criticando la ley; a nosotros tres nos da lo mismo. Si está bien o está mal hecha, solo si viola o no alguna norma constitucional. Nada más”.

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