El Congreso aprueba la Ley de Amnistía: ¿a quién beneficia la norma?

El Congreso ha aprobado la Ley de Amnistía sin sorpresas con el voto a favor del Gobierno y todos sus socios de investidura. Ahora, los jueces tienen dos meses para familiarizarla. Lidia Camón explica en Noticias Cuatro a quién afectará esta ley una vez que entre en vigor.

La Ley de Amnistía afectaría a un número muy concreto de personas, en total 419. Se trata de todos los implicados en delitos relacionados con el proceso independentista desde finales de 2012 hasta hoy.

El texto legal busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, cuando no haya enriquecimiento, en el marco del independentismo catalán. También amnistía el terrorismo atribuido al procés, "siempre y cuando" no se haya actuado "de forma manifiesta y con intención directa" de causar "violaciones graves de Derechos Humanos", como matar y torturar.

Perdona actos tipificados como tortura cuando "no superen un umbral mínimo de gravedad" y exculpa la traición cuando no se haya producido una "amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" como fija la ONU.

La norma entrará en vigor cuando sea publicada en el BOE, algo que aún no tiene fecha. Entonces, la ley queda en manos de los jueces, que cuentan con dos meses de margen para empezar a aplicarla y para hacerlo pueden recurrir tanto al Tribunal Constitucional como a la Justicia Europea.

Aunque la ley no recoge nombres, estos serían los principales beneficiados, entre otros:

Carles Puigdemont (Junts). El ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos. En el Tribunal Supremo (TS) está procesado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.

También es uno de los 35 ex altos cargos que en noviembre fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana les pide hasta 5 millones.

Además, el TS ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo enmarcados en los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés'. La magistrada instructora Susana Polo tiene pendiente tomarle declaración voluntaria entre el 17 y el 21 de junio.

Oriol Junqueras (ERC). El ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el TS a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También fue juzgado en el TCu.

Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver al Govern algo más de 4,9 millones de euros (más 1 millón en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra. Y fue otro de los juzgados por el TCu.

Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de las juzgadas por el TCu.

Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del 'procés' tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para ello. También ha sido juzgado por el TCu.

Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece huida en Suiza, está procesada en el TS por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por 'Tsunami Democràtic'.

Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición. Fueron juzgados por el TCu.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la ANC y el de Òmnium, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, lo que extingió sus inhabilitaciones. Son otros de los juzgados en el TCu.

Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y a los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. El Gobierno les indultó la cárcel y luego sus casos fueron examinados tras el último cambio penal, que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación extingió sus penas de inhabilitación. También han respondido ante el TCu.

Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, en 2022 se presentó en el TS, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar aforada.

Meritxell Serret. La consejera catalana también se entregó al TS. Regresó de Bélgica en 2021 y en 2023 fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 1 año de inhabilitación por desobediencia por su participación en el 1-O.

Los CDR: La AN propuso juzgar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament y participaron en cortes de carreteras.

'Tsunami Democràtic': La plataforma está investigada por los disturbios que presuntamente habría organizado tras las condenas por el 'procés' en 2019: desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las protestas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.