El Gobierno pone el foco en los influencers: los requisitos, obligaciones y multas a las que se enfrentan
El Ejecutivo ha definido qué se entiende por influencer atendiendo a tres criterios que se deben cumplir simultáneamente
Todos los que no cumplan con las obligaciones se enfrentarán a multas de hasta 600.000 euros
Los creadores de contenido tendrán que etiquetar su contenido por edades
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la regulación de la actividad de los influencers en Internet. El Gobierno responde así a la gran pregunta: ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser considerado un creador de contenido? El objetivo con esta norma es catalogarlos para poder aplicarles la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022.
El Ejecutivo ha definido qué se entiende por influencer atendiendo a tres criterios, que se debe cumplir simultáneamente, para después establecer “una serie de obligaciones”. “Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles, en algunos aspectos, con otros actores en este ámbito audiovisual", ha explicado José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
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¿Qué requisitos y obligaciones tendrán ahora los influencers?
El Gobierno de España ha definido los tres requisitos que tendrán que cumplir para ser considerados influencers ante la ley: lo que ganan, el público que tienen y el contenido que difunden. Así, deben facturar como mínimo 300.000 euros, tener un millón de seguidores en una plataforma o dos en el conjunto de todas y publicar al menos 24 vídeos al año. Las personas que cumplan estos supuestos tendrán obligaciones para proteger la infancia y dispondrán de dos meses para inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales.
Los creadores de contenido tendrán que etiquetar su contenido por edades y reclamar la edad para poder acceder a contenidos para adultos. En cuanto a la publicidad, deberán etiquetar todo lo que sea una promoción y no podrán anunciar tabaco, alcohol o medicamentos. Todos los que no cumplan con esto, se enfrentarán a multas de hasta 600.000 euros una vez que la ley vea la luz definitiva. Según ha defendido el Gobierno, esta regulación da "mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica" a estos usuarios.