Consumo abre un expediente a una gran inmobiliaria que opera en toda España por cobrar comisiones ilegales
El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador a una inmobiliaria que opera en toda España
El servicio era contratado por el propietario pero este concepto lo pagaba el inquilino
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Consumo abre expediente a una gran inmobiliaria de nuestro país por cobrar comisiones ilegales y obligar a sus clientes a contratar servicios. Por ejemplo, el famoso "mes de agencia" o un seguro de impago. Según informa Sergio García García, podría enfrentarse ahora a una sanción de más de un millón de euros por estas prácticas abusivas.
“Las sanciones podrían ser tipificadas como graves o muy graves y corresponden determinadas horquillas de multas para cada uno de los casos”, sostiene Pablo Bustunduy, ministro de Consumo.
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“Nos ha estado estafando y robando millones de euros", según Valeria Racu
El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador a una inmobiliaria que opera en toda España y podría enfrentarse ahora a una sanción de más de un millón de euros. El motivo son las supuestas prácticas abusivas. El expediente se ha abierto después de que la cartera dirigida por Bustinduy recibiera denuncias del Sindicato de Inquilinas y de FACUA.
“Hay que erradicar una ilegalidad y solo se puede hacer a base de sanciones contundentes”, explica Rubén Sánchez, FACUA. En las denuncias se argumenta que esta empresa cobraba un concepto llamado “garantía adicional”. “Nos ha estado estafando y robando millones de euros a través de cobros ilegales de honorarios”, señala Valeria Racu, del Sindicado de Inquilinas.
El servicio lo contrataba el propietario y lo pagaba el inquilino
El servicio era contratado por el propietario pero este concepto lo pagaba el inquilino. “En la reforma de la Ley de Vivienda todos estos gastos legalmente corresponden al propietario”, afirma Emilio Vizuete, profesor del departamento de la empresa UB. La norma establece que el propietario puede exigir hasta tres meses previos al primer pago del mes: uno de fianza y dos de garantía adicional.
Es decir, por un piso valorado en 900 euros, el inquilino tendría que pagar cómo máximo 2.700 euros solo para poder entrar. A lo que la inmobiliaria, supuestamente, cobraría una mensualidad más como “garantía adicional”. “Desde ‘Alquiler Seguro’ cumplimos la ley a rajatabla y lo llevamos haciendo 17 años”, subraya David Caraballo, CEO de la empresa. La compañía desmiente que incumplan la ley y destacan que todos sus servicios y contratos son públicos y están reflejados en su página web.
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