Hasta 1.200 personas han sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria en Andalucía. Entregaron grandes cantidades de dinero en concepto de reserva para las nuevas promociones del Grupo 21. El caso es que esta empresa no era propietaria de las fincas ni llevó a cabo ninguna construcción. Ya hay tres detenidos tras los primeros casos investigados en Almería.

Javier y Sonia, afectados de esta estafa inmobiliaria, perdieron los 15.000 euros que dieron de reserva y también perdieron el sueño de su hijo de vivir cerca del mar. Javier cuenta que son 15.000 euros que ha estado varios años ahorrando. Se trataba de una supuesta construcción de 1.172 viviendas, que estarían distribuidas en 18 urbanizaciones. Los afectados se están organizando para la defensa a través de 12 abogados.

Un abogado cuenta que probablemente no son los únicos afectados, podría haber más de mil afectados que querían adquirir un inmueble en las costas de Granada, Almería y Murcia. Añade que la gente entregaba un 10% del valor que presuntamente tenía la vivienda, pero finalmente no se construía. La cifra que recibió la empresa por cada comprador oscila entre los 12.000 y 55.000 euros.

Cuatro denuncias fueron las que pusieron en alerta a la Guardia Civil de Almería. Un miembro de la Guardia Civil dice que ellos denuncian que durante el año 2022 iniciaron contacto con una promotora para la compra de vivienda y garaje y se dieron cuenta de que nunca empezaban a construir las promociones. También añade que han visto que el destino del dinero de los contratos de reserva y de compraventa se han utilizado para fines distintos a las promociones

Al comenzar la investigación detectaron presuntas irregularidades: contratos falsos, fallos en las cuentas bancarias y oferta de terrenos que no les pertenecían. Es un modus operandi en el que podrían haber llegado a estafar más de 20 millones de euros. Las tres personas detenidas por presuntos delitos de falsedad documental y estafa. El juzgado de Roquetas de Mar (Almería) les ha dejado en libertad con cargos a la espera de juicio.

De las 18 urbanizaciones promocionadas, tan solo se aprobaron tres. El resto directamente no fueron solicitadas o a la hora de que los ayuntamientos pidieran cambios o aclaraciones, Grupo 21 nunca les contestaba. La promotora no tiene las cuentas bancarias especiales (CCE) que se exigen por ley para las promotoras inmobiliarias. Los ingresos se han estado haciendo en cuentas corrientes destinadas a otros fines.