Convivir con el problema de acceso a vivienda se ha convertido en la realidad de miles de españoles. Los jóvenes ven cada vez más inviable independizarse mientras el Gobierno y la oposición proponen medidas que no terminan de instaurarse en la sociedad. Con el panorama político más convulso que nunca, numerosas personas intentan sobrevivir como pueden. Según informa Esther Sosa en el video, la autocaravana se ha convertido en la vivienda personal de muchos, un vehículo que pocas veces puede considerarse un hogar en condiciones. Ayuntamientos como el de Palma de Mallorca ya plantean prohibir su uso como vivienda.
Con los precios de los alquileres cada vez más desorbitados, la sociedad plantea nuevas formas de vivir. Lo que antes se utilizaba para viajar y desplazarse, ahora es el hogar de numerosas personas que no son capaces de emanciparse y acceder a un alquiler. Vivir en apenas ocho metros cuadrados se ha convertido en el día a día de aquellos que conviven con una situación de vulnerabilidad y exclusión social, multiplicándose su uso en numerosas ciudades.
Una de las comunidades más castigadas por el uso de caravanas es Baleares, pero la Policía y los ayuntamientos se oponen a denominarlos hogar. En los últimos años, miles de residentes de la isla han optado por llevar su vida a cuestas y sobre cuatro ruedas. Desde el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Palma intenta frenar la tendencia de vivir en autocaravana.
El municipio de Palma se ha convertido en el primero en castigar la actividad de los que experimentan su día a día en el vehículo. Está previsto que a finales de enero se apruebe en pleno la nueva normativa que podrá multar hasta con 1.500 euros a aquellos que residan en una autocaravana. La nueva ordenanza prohibirá estacionar las autocaravanas durante más de diez días en el mismo lugar y reforzará los controles policiales.
Ibiza ha comenzado a multar también a aquellos que han normalizado vivir en dicho vehículo. Las sanciones han llegado a alcanzar los 6.000 euros por pernoctar en la autocaravana y no moverla durante tres días. Dada la situación de vulnerabilidad en la que se encontrarían los residentes con la implantación de la nueva ordenanza, está prevista una manifestación el próximo 8 de febrero.
Un estudio realizado por la Universidad de las Islas Baleares ha dejado constancia que estamos ante "una situación que se va a consolidar. Son cuatro puntos los que nos dicen que esto está para quedarse, salvo que haya un cambio en la política de vivienda”. Este desenlace es la consecuencia de los altos precios de alquiler en la isla. El coste medio se sitúa en 1.500 euros mensuales de alquiler. Comprar una casa es prácticamente utópico: el metro cuadrado está en 4.500 euros.
Miles de personas se enfrentan a una pobreza financiera que hace impensable seguir buscando un piso en condiciones: “El paso siguiente es este, vivir sobre cuatro ruedas y el último paso es vivir debajo de un puente”. La desesperación es máxima y parece que no mejorará en los próximos meses: “Es la única opción que tengo”. Vivir en condiciones se convierte poco a poco en un privilegio más que un derecho.
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