Los vecinos de un edificio de Salou han iniciado una huelga de alquileres. Más de 20 personas están en huelga de inquilinos después de que los propietarios les pasasen los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). “Este mes he devuelto diciembre y noviembre porque son ellos los que me deben 15 años de IBI”, denuncia Rosa Izaguirre, una inquilina. Tras las manifestaciones por los precios abusivos de las viviendas, 23 familias han decidido actuar.

Más de la mitad de las personas que viven en un bloque de pisos de Salou están devolviendo recibos tras convocar una huelga de alquiler. Hace unas semanas, en la masiva manifestación en Barcelona contra el precio de los alquileres, advirtieron que lo harían. Hoy, el Sindicat de Llogateres ha anunciado las acciones de protesta.

“El sindicato hace públicas las primeras huelgas de alquiler porque les han estado cobrando el IBI ilegalmente”, sostienen desde la organización. El edificio, propiedad de ‘La Caixa’, perdió el carácter de protección oficial en 2022. De hecho, algunos inquilinos se encuentran actualmente sin contrato.

Un total de 23 familias de un bloque de pisos en Salou han dicho basta y han comenzado a devolver los recibos por tener incluidos el pago del IBI. "Yo entré aquí hace 11 años y medio, me hicieron un contrato de cinco en cinco años y después me hicieron una prórroga de seis meses y me querían echar", recuerda Dani Vollaers, uno de los inquilinos.

Los vecinos y el sindicato se han basado en una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal cobrar el IBI a los inquilinos de viviendas públicas. “Son 25 euros por mes, al año son 300 euros y, si lo multiplicas, hay gente que lleva 14 o 15 años y le deben 4.500 euros”, indica Belén Gamero. "Cuando se ha acabado la protección oficial querían venderlos y a nosotros nos querían echar y empezaron a no renovar a la gente", añade.

El portavoz del sindicato, Enric Aragonès, subraya que este tipo de propuestas son “los primeros pasos de un movimiento que sale del clamor que se escuchó en la manifestación del 23 de noviembre”. Aragonès hace un llamamiento a la huelga, llamada como ‘la revuelta de las llaves’, para todos aquellos que quieran “plantar cara a los abusos e intentos de expulsión por parte de la propiedad para que se organicen en el sindicato y caminen hacia la huelga de alquileres”.

Las viviendas las va a adquirir ahora el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), una entidad de la Generalitat que gestiona la vivienda protegida. Los inquilinos esperan que mejore su situación pero, mientras tanto, siguen plantando cara y peleando por sus derechos. Dos promociones de vivienda protegida en Sentmenat también están organizando una huelga de alquiler para comenzar el próximo uno de marzo.

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