En Bélgica, los agricultores han vuelto a sacar sus tractores a las calles y han bloqueado varios cruces fronterizos en todo el país para protestar por la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. Un acuerdo que tampoco gusta a los agricultores españoles porque abaratará la importación de algunos productos sudamericanos que no estarán sujetos a los mismos estándares ecológicos y de seguridad alimentaria que en la Unión Europea.

El acuerdo lo han firmado Europa y los países que conforman Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto influye a un mercado que afecta a 780 millones de consumidores y que consiste en la rebaja de aranceles sobre el 90% de los productos exportados, sobre todo vino, lácteos y productos agroalimentarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cerrado en Montevideo el acuerdo comercial que la Unión Europea negocia con esta región desde hace 25 años y al que aún se opone de plano Francia; cuyo presidente, Emmanuel Macron, avisó la víspera de que el pacto en su estado actual "es inaceptable" pero no logró frenar a Bruselas.

"No sólo es una oportunidad económica, es también una necesidad política", ha destacado la jefa del Ejecutivo comunitario, en una comparecencia sin preguntas junto al presidente de turno de Mercosur y mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

"Estamos derribando barreras y permitiendo que entren inversiones, estamos formando un mercado de más de 700 millones de consumidores", ha celebrado Von der Leyen, quien ha celebrado el "verdadero hito histórico" de un acuerdo entre las dos regiones. El nuevo marco permitirá, según las cuentas de Bruselas, ahorrar a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros en aranceles cada año.

El nuevo régimen comercial supone la eliminación progresiva del 91% de los aranceles que se aplican a los contingentes europeos que entran en Mercosur, por ejemplo, a productos agroalimentarios de interés para España como el aceite de oliva, el vino, frutas y hortalizas y el porcino.

A cambio, la UE liberalizará también la mayor parte del acceso a su mercado, aunque quedan contingentes arancelarios para productos especialmente sensibles y se reconocen más de 350 Indicaciones Geográficas protegidas de la UE. Otra de las claves en el actual contexto geopolítico son los compromisos vinculantes para evitar restricciones a la exportación de materias primas.

Poco antes de que se confirmara el acuerdo tras más de dos décadas de negociaciones, el portavoz comunitario en materia comercial, Olof Gill, avisaba en una rueda de prensa desde Bruselas de que el acuerdo no se podía dar por firmado, porque lo ocurrido en Montevideo, en los márgenes de la cumbre de Mercosur, es un acuerdo político sobre los textos negociados a nivel técnico.

"El acuerdo político es sólo el primer paso de un largo proceso, sólo es el inicio", ha indicado, en referencia a que tras la conclusión de las negociaciones se inicia un largo proceso que arrancará por el examen legal de los textos por parte de los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario y su traducción a todas las lenguas oficiales de la UE, lo que llevará varios meses, antes de entrar en la fase que permita firmar y ratificar el Tratado.

Sólo entonces, Bruselas dará a conocer cuál es la base legal que propondrá para su ratificación tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo.

Pedro Sánchez ha señalado que la apertura comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur hará a todos "más prósperos y más fuertes" y ha señalado que el acuerdo cerrado este viernes por ambos organismos es "histórico".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente del Gobierno ha asegurado que España trabajará para que este acuerdo sea aprobado por mayoría en el Consejo Europeo, porque la apertura comercial con los "países hermanos" servirá para tender "un puente económico sin precedentes" entre Europa y América Latina.

Por el momento, sólo Francia ha sido tajante en su rechazo categórico al nuevo acuerdo pese a las disposiciones adicionales negociadas, aunque Polonia, Irlanda, Países Bajos o Austria también han mostrado reservas si no se buscan medidas de acompañamiento para compensar el impacto en sectores propios estratégicos.

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