Los agricultores denuncian que no está funcionando la Ley de la Cadena Alimentaria. Tras manifestarse en Madrid y reunirse con el ministro Luis Planas, el sector agrario afirma que se necesitan más cambios en el campo. Entre sus reivindicaciones, se encuentra la falta de relevo generacional, la burocracia legislativa y la sequía.

Según Fedea, la única forma de avanzar con la Ley de la Cadena Alimentaria es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso. Así lo piensa Ángel de la Fuente, director de la fundación, quien ha argumentado en una nota de prensa que la única solución a esta norma es "el establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza, que sólo podrían sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes".

La Ley de la Cadena Alimentaria consiste en la prohibición de la venta a pérdidas desde que el producto sale del campo hasta que llega a la mesa del consumidor. Es decir, desde que salen las legumbres, se envasan, se transportan y se venden en el supermercado, tiene que haber un enriquecimiento y no una pérdida.

Esto se controla a través de las inspecciones y las sanciones. Pero en el campo dicen que son insuficientes: hay menos de 1.000 inspecciones en un año para 750.000 agricultores. Pese a que la ley contempla multas de hasta un millón de euros, en la práctica lo máximo impuesto han sido 18.000 euros.

Ángel De la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha subrayado que la única manera de cumplir con las cláusulas de la ley de la cadena alimentaria es “mediante el establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza”. “Esto solo podría sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes”, ha añadido. Estas declaraciones llegan después de la reforma de la ley que busca instaurar un nuevo derecho para los operadores del sector alimentario: recuperar sus costes o vender su producción sin pérdidas.

De la Fuente ha señalado que solo podrá cumplirse si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente. "En una economía de mercado con libertad de contratación como la nuestra, no es posible obligar a los compradores de productos alimentarios a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos", ha sentenciado.