El ministerio de Cultura, en aplicación de la ley de Memoria Democrática, ha dado el primer paso para acabar con la Fundación Nacional Francisco Franco. El ministro, Ernest Urtasun, ha explicado que es responsabilidad de su departamento “cumplir escrupulosamente” con dicha norma. Desde la fundación consideran el anuncio como “esperpéntico” y creen que y busca "callar a todos los disidentes" de la política del gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, la decisión final sobre este asunto le corresponde a la Justicia.

Según ha explicado el propio ministro de Cultura, se ha iniciado el periodo de actuaciones previas con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el procedimiento para instar judicialmente la la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Este acuerdo ha sido firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal, según ha señalado este departamento.

El propio Urtasun ha remarcado en un vídeo publicado en sus redes sociales que es responsabilidad de Cultura "cumplir escrupulosamente" con la Ley de la Memoria Democrática. "Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo", ha apuntado.

El ministro ha explicado el proceso a seguir a partir de este paso, hasta llegar a la responsabilidad última de su departamento de instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación, "teniendo los jueces la última palabra".

En una primera fase, Cultura ha solicitado un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la Ley por parte de dicha fundación. Se abre un periodo, en el que participan también las asociaciones de memoria, para recopilar información. Una vez se haya elaborado dicho informe se procede a la solicitud del ministerio.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional quinta que "concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo". La norma explica que “se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

La segunda fase consiste en la apertura del procedimiento, que comienza comunicando el expediente abierto a la mencionada fundación y abriendo un periodo de alegaciones.

Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elabora una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.

Desde la Fundación Francisco Franco consideran "esperpéntico que, en plena crisis política derivada de la aprobación de la que consideramos inconstitucional Ley de Amnistía, que lesiona la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad de España como nación, el Ministerio inicie este procedimiento", afirman en un comunicado.

Así, ha recordado que dicho proceso se ampara en la Ley de Memoria Democrática de 2022, la cual contempla medidas contra aquellas fundaciones que no persigan "fines de interés general". La fundación considera que ese no es su caso, con independencia de que "por razones ideológicas" no se comulgue con lo que divulga y sus actuaciones, "siempre dentro de la legalidad".

 "Nos resulta incomprensible que se dirijan exclusivamente contra la Fundación Nacional Francisco Franco, la cual cumple con esos fines de interés general según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados", han añadido, poniendo el foco en otras fundaciones.