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La Eurocámara se opone a competiciones como la Superliga en la Unión Europea: "Son rupturistas"

  • El texto ha salido adelante por 597 votos a favor, 36 en contra y 55 abstenciones

El Parlamento Europeo (PE) rechazó este martes que la política deportiva de la Unión Europea incluya "competiciones rupturistas" contrarias a los principios de la libre competencia y el mérito deportivo, el modelo que, según sus críticos, podría suponer la Superliga de fútbol propuesta el pasado mes de abril.

La oposición de los diputados se recoge en un informe sobre la política de deportes de la Unión Europea aprobado este martes, que se muestra contrario a este tipo de competiciones paralelas como la Superliga que propusieron el pasado mes de abril doce clubes (entre los que figuraban el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid).

El informe, ni legislativo ni vinculante, insta a que la Unión Europea cuente con un modelo deportivo que reconozca la necesidad de comprometerse con valores como la solidaridad y la justicia, "y por tanto se opone con firmeza a competiciones rupturistas que socaven dichos principios y pongan en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo en su conjunto".

Aunque no nombran específicamente a la Superliga, sí rechazan un modelo europeo que incluya este tipo de nuevas competiciones al margen de las estructuras federativas que ya existen, como esta iniciativa que en la actualidad solo apoyan tres de los doce clubes fundadores, Real Madrid, Barcelona y Juventus.

La organización de la Superliga dirigió el pasado jueves una carta a los diputados del Parlamento Europeo en la que aseguraba que esta competición "nunca fue una liga rupturista", puesto que los clubes participantes habrían seguido tomando parte en sus respectivas competiciones nacionales.

"En ningún momento los clubes participantes rompieron ninguna regla de la FIFA, UEFA o liga doméstica y todos los clubes siguieron comprometidos a jugar en sus respectivas ligas domésticas", afirman en la carta los promotores de la Superliga, Anas Laghrari y John Hahn.

En la misma, insisten en que la propuesta estaba "contractualmente sujeta" a ser compatible con que los clubes pudiesen seguir jugando en sus ligas nacionales tras el reconocimiento de la UEFA o la FIFA, que -afirman- "rechazaron entablar cualquier diálogo" con los responsables de la Superliga o a obtener protección de los tribunales europeos, en cuyas manos está ahora el caso.

Un modelo basado en los valores

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Estilo de Vida Europeo, el griego Margaritis Schinas, ya se había posicionado en contra de la creación de esa competición.

"Debemos defender un modelo europeo de deporte basado en valores, basado en la diversidad y la inclusión. No hay margen para reservarlo para los pocos clubes ricos y poderosos que quieren estrechar lazos con todo lo que representan las asociaciones", señaló Schinas en Twitter tras anunciarse la propuesta en abril.

El informe también insta a que el respeto a los derechos humanos se tenga en cuenta a la hora de decidir qué país alberga un gran evento deportivo e insta a un "equilibrio entre los intereses comerciales del deporte profesional y sus funciones sociales", así como que se aborden la brecha salarial y de representación en el sector.

El informe, que ha sido elaborado por el miembro polaco del PE Tomasz Frankowski, exjugador de entre otros clubes de Wisla Cracovia, Wolverhamton, Elche, Tenerife y Nagoya, alude también a "la necesidad de regular las actividades de los agentes" y reconoce la importancia de las "recientes reformas en el mercado de fichajes del fútbol".

Al tiempo que insta a "las autoridades deportivas competentes a garantizar la pronta aplicación de dichas reformas", el documento señala que varias medidas que está aplicando la FIFA, como la Cámara de Compensación, los requisitos de licencia para los agentes y los límites a las comisiones de los agentes "van en la dirección correcta".

Igualmente pide a las autoridades públicas, las federaciones y las organizaciones deportivas que defiendan los derechos humanos y los principios democráticos en todas sus actuaciones, especialmente a la hora de conceder la condición de anfitrión de los grandes acontecimientos deportivos, así como en la elección de los patrocinadores.