Esta semana ha sido noticia la nueva relación del todavía marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. No hay novedades al respecto ni vamos a estar siguiendo a la familia en sus entradas y salidas de sus domicilios pero sí hemos intentado sin éxito averiguar una cosa: cuánto dinero con cargo al erario público nos puede seguir costando a los españoles las exparejas de las infantas. Todavía, falta transparencia.
A finales del primero año de pandemia, Sánchez desveló que había una hoja de ruta para la renovación de la Casa Real. Primero, se habló de una Ley de la Corona. Luego de cambios legales puntuales para no precipitar un debate monarquía y república. Para entonces, Felipe VI había afrontado pequeños cambios desde su llegada al trono: un código de conducta para el personal, una normativa sobre los regalos que puede recibir la familia real y someter a auditaría extrema las cuentas de la Casa del Rey.
Avances, sí, pero insuficientes. Conocer con detalle en qué se gasta el presupuesto asignado o regular los viajes privados, son aún, zonas oscuras. Los últimos acontecimientos han demostrado esta necesidad de mayor transparencia. Por ejemplo, es imposible saber el coste de la escolta que sigue conservando Iñaki Urdangarin con cargo al ministerio del Interior, ni si la seguirá teniendo si se acaba separando de su todavía mujer, la infanta Cristina. En el precedente del exmarido de la infanta Elena, Jaime de Marichalar, según publicaron en su día varios medios, siguió manteniendo la escolta varios años después de su divorcio.
Al mismo tiempo, la noticia de la venta de un Rolls Royce descapotable por parte de Juan Carlos I cuando aún era rey, vehículo de lujo que formaba parte del patrimonio de la Casa Real. Valorado en medio millón de euros en 2008, fue vendido al empresario Villar Mir por 210.000. De esta operación no hay documento alguno ni se sabe el origen de ese Rolls, ni el destino final del dinero recibido por el entonces monarca tras la enajenación de un bien del Estado.