{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El jueves se aprobó la primera ley de vivienda de nuestra democracia en plena precampaña. Al margen de la polémica sobre si como dice la oposición protege a los okupas, el principal objetivo -también incierto- es reducir los precios de los alquileres.
Para ello, se limitan las subidas anuales, sin referenciarse al IPC e, incluso, poniendo un tope en zonas tensionadas, siempre que quiera la comunidad que es la que tiene la competencia. ¿Cómo afectan esos cambios legales a ejemplos reales?
Cogemos una situación real: Sabina se asustó cuando le llegó la carta para la actualización anual de la renta porque le subían casi un 5%. “Veo que el aumento que tengo es un disparate”, recuerda.
¿Son legales esas subidas? La respuesta es no. Este año, la subida anual se limita al 2%, el que viene, al 3% y a partir de 2025 se creará un nuevo índice. Sabiendo eso, Sabina y sus vecinas han reclamado y han ganado. “Nos devuelven la parte que nos estuvieron cobrando de más por encima del 2% y nos ponen el alquiler con ese 2% actualizado en el recibo como debiera ser”, explica.
Y ¿qué pasa cuando se acaba el contrato y hay que renegociar las condiciones? En esa situación está Ramón. Para renovar el contrato le piden una subida del 40%. “Yo pago casi 900 euros por un piso de 70 metros cuadrados. Podemos negociar, pero no me subas 400 euros”, señala.
¿Impedirá estas subidas la ley de vivienda aprobada esta semana? La respuesta es sí, pero solo si se cumplen dos condiciones.
La primera es que la casa esté en una zona tensionada. Casi todas las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia, cumplen ese criterio. Por tanto, podrían limitar las subidas del alquiler de dos maneras: los propietarios que tienen menos de cinco pisos tendrán que mantener el precio del último contrato que han firmado y para los que tienen más de cinco casas, que se consideran grandes tenedores, se creará un índice de precios al que se tendrán que atener.
No obstante, para que se apliquen esos límites al alquiler hay una segunda condición imprescindible: las comunidades autónomas tienen que hacer la declaración de zona tensionada y las gobernadas por el PP ya han dicho que no lo harán.
Cabe destacar que las competencias de vivienda son de las comunidades, así que a pesar de la insistencia del Gobierno, es posible que para Ramón la situación siga igual.