Una educadora social de 35 años ha sido asesinada por tres adolescentes en un piso tutelado en Badajoz. Los menores tienen entre 14 y 17 años y ya tenían antecedentes. Según informa Marta Álvarez y Raquel Duva, la víctima había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en el inmueble que no cuenta con cámaras ni con personal de seguridad.

Belén ya había denunciado malos tratos y falta de vigilancia. Los tres detenidos son españoles y tenían antecedentes. Eran muy problemáticos y estaban cumpliendo medidas judiciales. A primera hora, han sido trasladados a una comisaría de Mérida, donde ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Trabajadores sociales y vigilantes de seguridad han guardado hoy un minuto de silencio frente al centro Marcelo Nessi, al que pertenece el piso tutelado.

Agentes de la Brigada Científica han inspeccionado un chalet de la urbanización Guadiana de Badajoz, donde estaban internados cuatro menores. Los tres arrestados -dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17- escaparon en el coche de la víctima y tuvieron un accidente en un punto kilométrico de la autovía A5, cerca de Lobón. Después, hicieron autostop y consiguieron llegar a Mérida.

Según las primeras hipótesis, la golpearon y la estrangularon posiblemente con un cinturón. Uno de ellos llamó a emergencias muy asustado. Durante la madrugada, los tres eran localizados y arrestados por la Policía Nacional, acusados de homicidio.

Más de medio centenar de trabajadores de centros de menores y pisos tutelados se han concentrado hoy para reclamar más seguridad y que se rebaje la edad penal. Estos trabajadores piden estar "más protegidos, que haya más medidas de seguridad y más personal para el centro". "Así no podemos trabajar", señalan.

Sheila Gómez, una de las trabajadoras sociales, asegura que “ellos están desamparados y desprotegidos porque no tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad, y al final ha pasado lo que tanto estaban temiendo todos”. “Los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar”, lamenta.

Agustina, trabajadora del sector y madre de una de las auxiliares en la vivienda, recalca que ni la Junta de Extremadura ni la empresa responsable del servicio "han hecho caso de nada". Comisiones Obreras exige una investigación "minuciosa" de las circunstancias en las que se han producido los hechos.

“Lamentamos que se haya tenido que llegar a una situación extrema, en la que ha perdido la vida una trabajadora, para que se tome conciencia del peligro que diariamente soportan estos trabajadores”, concluyen desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

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