La localidad costera de Sanxenxo, en Pontevedra, recibía el pasado mes de septiembre a 70 refugiados de Mali en busca de una nueva vida. Unos meses después, muchos de ellos ya están inmersos en el mercado laboral y otros se forman persiguiendo un futuro digno. Según informan Laura Queijeiro y Sara García en el video, la integración que se ha llevado a cabo en el municipio es ejemplar.  

Dos autobuses procedentes de Madrid llegaban a finales de septiembre de 2024 a Sanxenxo con un numeroso grupo de malienses que buscaban refugio. El Hotel Biramar se convirtió en el hogar de los migrantes, personas que llevan a sus espaldas historias extremadamente duras.  

Musa, un joven de 23 años, huyó de su país por la guerra: “Llegué a España, aquí, en patera”. El maliense llegó a la localidad gallega “solo, ni familia, ni amigos”. Gracias a la ONG Accem Galicia, el migrante se forma en el sector forestal para poder trabajar en un futuro en España, aunque le gustaría ejercer antes como chapista: “Me gustaría trabajar con chapa, sí”. 

El caso de Musa no es aislado, es la realidad de las decenas de jóvenes que llegaron al país en busca de nuevas oportunidades: “Me gustaría trabajar para hacer mejor vida”. El Ayuntamiento de Sanxenxo colabora con la ONG Accem Galicia en la cesión de espacios y la gestión de servicios, que les ha ayudado a integrar a numerosos refugiados en el mercado laboral. Muchos de ellos ya tienen un contrato de trabajo: “Me gusta trabajar”. 

La formación es otro de los pilares que trabajan en la ONG: “Se están formando para realizar actividades en el sector forestal para el tema de desbroce, podas, siegas”, explica Francisco Barca, gerente de EUROTEC Formación. Los migrantes también se centran en aprender la lengua: “Normalmente en tres meses aprenden español para poder socializar”, comenta Daniel Bóveda, responsable ACCEM Galicia. 

El afecto y la empatía en el proceso de formación e integración es fundamental en estos casos: “Esto tiene consecuencias psicoemocionales en las personas que llegan. Hay que tener en cuenta que alguna ha sido torturada o alguna ha perdido a sus familiares, con lo cual nosotros también intentamos dar ese acompañamiento psicoemocional una vez que llegan”. Un acompañamiento clave para empezar de cero. 

Los refugiados de Mali no son los únicos que han llegado a España en busca de un futuro. Más de 46.000 personas llegaron a Canarias el año pasado, batiendo un récord en el archipiélago. La situación, cada vez más insostenible, ha dejado las islas completamente saturadas de migrantes. Tras meses marcados por acusaciones cruzadas en el marco político donde ninguna comunidad cedía para acoger a refugiados, el Gobierno Central y Canarias han llegado a un acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados.

El objetivo es repartir 4.500 menores por todo el territorio nacional. El reparto acordado tendrá en cuenta la población de cada autonomía, su renta per cápita y el esfuerzo que haya realizado estos últimos años para acoger a menores migrantes no acompañados. Según el baremo establecido, Madrid, Andalucía y la Comunidad de Valencia serán los que más migrantes recibirán, dado que son las comunidades que mas plazas vacantes tienen. País Vasco y Cataluña se quedan fuera del reparto. Según el Ministerio de Infancia, la última acoge a 1.065 migrantes más de los que le corresponden en este momento. Ceuta, Melilla o Canarias, testigos de las últimas olas de inmigración, también cogen más personas de las que les corresponden y se quedan fuera del reparto también.

El acuerdo no ha sido bien recibido por la oposición. El Partido Popular, el cual encabeza aquellas comunidades que más migrantes se verán obligadas a acoger, critica que se deje fuera del reparto a Cataluña y al País Vasco sin haber acordado previamente nada con las demás autonomías: "Haber pactado algo que nos afecta directamente, totalmente de espaldas a las comunidades autónomas ya es malo si después resulta que quedan excluidos algunos territorios", declara Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha cargado duramente contra el Gobierno: "Ahora utilizan a los inmigrantes como mercancía para negociar y seguir unos meses más en la Moncloa".

El PSOE no ha tardado en responder. El objetivo que persigue el reparto es la igualdad entre comunidades, según ha explicado Emma López, funcionaria política del partido: "Lo que estamos viendo es que se están teniendo en cuenta el número de menores acogidos existentes, creo que es una cuestión de justicia y de sentido común". La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, también ha querido defender el acuerdo del Gobierno atacando a la oposición: "Es una indecencia encontrarnos ante un Partido Popular que está rebelde y cautivo de la extrema derecha y que vulnera los derechos fundamentales de los menores".

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