El Gobierno y Canarias han llegado por fin a un acuerdo para el reparto de migrantes no acompañados. Para ello se ha tenido en cuenta la población de cada comunidad, su renta per cápita y el esfuerzo que haya hecho para acoger a menores en los últimos años. Un acuerdo que no ha gustado al Partido Popular. PSOE y Gobierno defienden, en cambio, que son criterios objetivos que tienen en cuenta que esas autonomías ya acogen a muchos más que el resto.

En base a los criterios acordados el reparto quedaría así: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que más menores recibirían porque son las que tienen más plazas vacantes.  Y las que menos, porque ya acogen a más menores de lo que les corresponde, son Cataluña, que acoge a 1.000 migrantes más y País Vasco que tiene a 500 más. El objetivo es repartir a 4.500 migrantes por todo el territorio.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el canario sobre los criterios por los que se realizará el reparto puntual de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias y de Ceuta ha despertado una vez más una guerra entre comunidades autónomas.

Ante la incapacidad de reformar el modelo de acogida de menores por falta de acuerdo con el PP, el Ejecutivo central y el canario ultiman una ley que al menos obligue a las comunidades a recibir a una parte de ellos según una fórmula que tendrá en cuenta criterios como la población, la renta y también el esfuerzo realizado hasta ahora.

Los criterios a partir de los que se hará el reparto son los fijados en la Conferencia Sectorial de 2022, pero se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado previamente, es decir, que comunidades como Cataluña o el País Vasco acogen más menores que las demás.

Tanto Vox como el PP han criticado duramente el acuerdo, algo que también han hecho los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja por esa supuesta exclusión. Este viernes, el PP ha ido más allá y ha tachado el acuerdo de "mezquino" e "inexplicable".

Pero es un extremo que desmienten tanto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La cuestión es que, como ha explicado Rego, Cataluña tiene casi 4.600 plazas creadas y Madrid tan solo unas 1.900 plazas», con lo que el reparto debe tener en cuenta esas circunstancias.

También ha sido tajante Clavijo, “yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo”.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que "Cataluña no puede formar parte del café para todos" en la gestión de la inmigración.

El Ministerio de Juventud e Infancia redactó un informe a finales de 2024 con los datos aportados por las comunidades autónomas, un texto que señalaba los territorios que debían crear más plazas y los que menos.

Según ese documento, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las más deficitarias y deben crear 1.145 y 839 nuevas plazas respectivamente, por 764 de la Comunidad Valenciana.

En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría según este criterio de población son, además de las zonas de llegada (Canarias, Ceuta y Melilla), Cataluña (1.065 más), País Vasco (498) y Navarra (85).

El resto de los territorios que tendrían que crear nuevas plazas son Castilla-La Mancha (367), Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).

Las regiones a las que les falta capacidad de acogida en función de este reparto tendrían que crear un total de 4.437 plazas.

El Ejecutivo vasco, que junto al canario ha impulsado esta propuesta, ha dejado claro que los criterios establecidos (población, renta, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población, con algunas correcciones) son académicos y persiguen un reparto más justo y equitativo.

Desde las comunidades socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, precisamente reunido con Clavijo este viernes, ha reiterado su apuesta por un pacto de Estado migratorio y ha dado por hecho que Cataluña y el País Vasco participarán del reparto.

“Estoy convencido de que Salvador Illa no va a negarse, ni el lehendakari vasco (Imanol Pradales). Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con (Carles) Puigdemont… pues es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos, como comprenderá. Es verdaderamente radiactivo”, ha advertido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que ninguna comunidad autónoma va a quedar excluida del reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabajan el Gobierno central y el canario.

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho que no van apoyar el acuerdo migratorio del Gobierno con Canarias porque les parece “mezquino” y “inexplicable” que se pueda dejar fuera de él a dos comunidades autónomas y ha insistido en que el reparto de menores tiene que ser "solidario".

 “Se lo garantizo: así no”, ha remarcado, antes de insistir en que les parece “políticamente inexplicable” que se pudieran dejar fuera de ese reparto a dos comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco, haciendo hincapié en que “la solidaridad no puede ser asimétrica”.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado asimismo la falta de apoyo del PP al acuerdo sobre el reparto puntual de menores migrantes y ha denunciado que mientras el PP "siga secuestrado por Vox y la extrema derecha" no avanzará en su propuesta política para el país.

“El PP, cuando juega con los derechos humanos, con la vida de los menores y de las personas migrantes se coloca en el marco ideológico de la extrema derecha en nuestro país”, ha denunciado Díaz, que ha felicitado a la ministra de Infancia y de Juventud, Sira Rego, por el acuerdo que, a su juicio, va a permitir garantizar la legalidad internacional y los derechos humanos.

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